La jueza Sandra Liliana Heredia dictó detención domiciliaria inmediata para Álvaro Uribe Vélez, después de declararlo culpable de soborno y fraude procesal.
El tribunal impuso una pena de 12 años de prisión, superior al rango previsto por los fiscales, lo que abre paso al cumplimiento en régimen domiciliario. La decisión marca un hito: es el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
El caso se originó por denuncias de manipulación de testigos, incluyendo al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La jueza afirmó que la evidencia era sólida y suficiente para desvirtuar cualquier presunción de inocencia.
El proceso judicial duró más de 13 años, con múltiples intentos de preclusión por parte de la Fiscalía, todos rechazados. La Fiscalía pidió inicialmente 9 años de prisión domiciliaria y una multa millonaria, pero la pena final finalmente superó ese margen. La defensa anunció apelación inmediata; el fallo podría ejecutarse tras resolverse los recursos legales.
El veredicto ha polarizado al país: opositores lo celebran como un acto de justicia, mientras sus simpatizantes denuncian persecución política.
La administración actual respalda la independencia judicial y urge a respetar el fallo, en medio del debate político que antecede a las elecciones de 2026.
