El Congreso de Estados Unidos dio luz verde este jueves a una nueva legislación que refuerza las sanciones contra el tráfico de fentanilo, en respuesta al creciente impacto de este opioide sintético en la crisis de salud pública que vive el país. Con más de 48.000 muertes atribuidas a esta droga solo en 2024, la “Ley HALT Fentanyl” fue aprobada con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes.
La normativa contempla una condena mínima de diez años de prisión para quienes trafiquen con más de 100 gramos de fentanilo o sustancias análogas. Con este paso legislativo, y tras haber sido avalada previamente por el Senado, solo resta la firma del presidente Donald Trump para su promulgación.
Trump ha hecho del combate al fentanilo una de las piedras angulares de su política interna, y ha culpado reiteradamente a México y Canadá de no actuar con suficiente firmeza. El mandatario ha impuesto aranceles a ambos países como medida de presión. En su discurso, señala que los cárteles mexicanos producen el fentanilo usando precursores provenientes de China.
El Departamento de Justicia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que esta sustancia, hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, suele mezclarse con otras drogas como cocaína o metanfetamina, lo que eleva significativamente el riesgo de sobredosis involuntaria.
Desde 2018, los análogos del fentanilo se clasifican provisionalmente como sustancias de la Lista I, es decir, aquellas sin uso médico reconocido y con alto potencial de abuso. La nueva ley busca convertir esa clasificación en permanente, para cerrar vacíos legales que permitían a los traficantes modificar ligeramente la composición química y eludir las restricciones.
El senador republicano John Thune enfatizó la gravedad del problema al declarar que “cada año mueren más estadounidenses por sobredosis de drogas que los que fallecieron durante toda la guerra de Vietnam”. La estadística es impactante, pero también ha generado debate sobre la efectividad del camino elegido.
Varias organizaciones civiles han expresado su oposición a la Ley. La Leadership Conference on Civil and Human Rights argumentó que endurecer penas mínimas obligatorias no aborda el núcleo del problema, sino que revive tácticas fallidas de la guerra contra las drogas, iniciada en los años 70 bajo el gobierno de Richard Nixon.
Críticos señalan que las sentencias mínimas limitan la capacidad de los jueces para considerar circunstancias individuales, como antecedentes personales o el nivel de implicación del acusado, replicando patrones que han contribuido al encarcelamiento masivo sin resolver el problema del consumo.
La crisis de opiáceos en Estados Unidos tiene raíces profundas. En la década de 1990, compañías farmacéuticas promovieron agresivamente el uso de analgésicos opioides, subestimando sus riesgos. Desde entonces, más de un millón de estadounidenses han muerto por sobredosis relacionadas con distintas drogas.
A mediados de la década de 2010, el fentanilo ilícito desplazó a otros opioides como principal causa de muertes. Datos del CDC indican que las tasas de mortalidad por sobredosis se cuadruplicaron entre 2016 y 2021. Esta tendencia fue definida como la “tercera ola” de la crisis.
Desde 2016, una “cuarta ola” aún más letal ha ganado terreno: la mezcla de fentanilo con estimulantes como metanfetamina y cocaína. Estudios recientes muestran que en el 60 % de las muestras con fentanilo también se detecta metanfetamina, complicando aún más la respuesta sanitaria.
Entre 2022 y 2023, las muertes por sobredosis alcanzaron su punto más alto, con estimaciones que superan las 115.000 en apenas un año. En ese contexto, la nueva legislación refleja la urgencia de actuar, aunque no todos coinciden en que más castigo sea la solución.
