Este miércoles, la Asamblea Nacional de Ecuador desechó con 84 votos a favor el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, presentado como urgente por el presidente Daniel Noboa. La iniciativa, que proponía reformas al sistema tributario y la regulación de actividades económicas de alto riesgo, fue rechazada por los legisladores debido a su potencial incremento en la carga impositiva sobre los ciudadanos, especialmente aquellos de clases medias y bajas.
El proyecto de ley contenía varias disposiciones, entre ellas, impuestos progresivos sobre el valor de los vehículos usados, la prohibición de pagos en efectivo para estas transacciones y la obligación de registrar a los comerciantes ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por argumentar que la medida era fundamental para combatir el lavado de activos, los legisladores consideraron que no estaba adecuadamente estructurada y afectaría negativamente a sectores vulnerables de la población.
El rechazo fue liderado por el legislador Jorge Peñafiel, quien acusó al gobierno de proponer una “reacomodación inmediata de recursos sin una planificación técnica adecuada”. En su intervención, Peñafiel subrayó que la nueva carga impositiva perjudica a los ecuatorianos más pobres, pidiendo un claro mensaje: “No más impuestos para la gente pobre”. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, coincidió en que el enfoque del proyecto era inapropiado y reiteró que no permitirían que se impusieran más cargas fiscales a la clase trabajadora.
El informe de la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario también destacó deficiencias en la propuesta. Reconoció la urgencia de combatir el lavado de activos, pero señaló que el proyecto no estaba acompañado de un fortalecimiento adecuado de la UAFE ni de un marco técnico robusto. Además, alertó que la aplicación de impuestos en actividades como la compraventa de vehículos usados podría generar mayor informalidad y desincentivar la regularización de las transacciones.
Ecuador, que se ha convertido en un centro de blanqueo de capitales, enfrenta crecientes problemas con el lavado de activos, que es considerado la segunda expresión más importante del crimen organizado en el país, solo detrás del narcotráfico. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), el blanqueo de dinero se concentra en sectores como la construcción, la compra y venta de inmuebles y vehículos, las farmacias, los restaurantes, las gasolineras y los centros de apuestas en línea.
Un estudio de la Policía Nacional indicó que la dolarización y la baja bancarización en el país facilitan las transacciones ilícitas y el lavado de dinero. Aunque el gobierno busca erradicar estos delitos, la falta de un enfoque más amplio y la presión por mejorar la situación fiscal de Ecuador han generado un punto de conflicto con las medidas propuestas, que se perciben como contraproducentes para la estabilidad económica de las familias ecuatorianas.
El panorama para el presidente Noboa es complejo, ya que si bien el combate al crimen organizado es una prioridad, la forma de lograrlo continúa siendo un tema polémico en la política ecuatoriana. La balanza entre mejorar la recaudación y evitar una mayor carga para los ciudadanos continúa siendo un desafío, mientras la Asamblea se muestra decidida a no ceder ante lo que consideran un aumento innecesario de impuestos.
