Este martes, la Asamblea Legislativa de Costa Rica celebrará una sesión crucial para decidir si levanta el fuero al presidente Rodrigo Chaves, tras un pedido del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que investiga 15 denuncias por presunta intromisión en política.
La decisión del Congreso podría derivar en la suspensión de Chaves para ejercer cargos públicos, e incluso abrir la posibilidad de su destitución, según la legislación costarricense vigente.
Las denuncias ante el TSE se refieren a presunta beligerancia política, término que implica la intervención del mandatario en campañas electorales o actos oficiales que favorezcan o perjudiquen a determinados partidos o candidatos.
En Costa Rica, donde no existe reelección consecutiva, el presidente y su gabinete tienen prohibido influir en procesos electorales, participar en debates políticos o usar sus cargos para apoyar o perjudicar a partidos políticos.
Chaves, cuyo mandato concluirá en mayo de 2026, es acusado de incurrir en beligerancia política durante actos oficiales y de presionar por la elección de diputados “patriotas” que respalden reformas a instituciones del Estado.
Este proceso constituye el segundo intento de desafuero contra el mandatario. El primero, realizado en septiembre pasado por acusaciones de manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no alcanzó los 38 votos necesarios en el Congreso.
El panorama para esta segunda votación es similar. Algunas bancadas, como Nueva República, anunciaron que votarán en contra del desafuero, argumentando que retirarle el fuero a Chaves podría convertirlo en “mártir” y beneficiar a la candidata oficialista Laura Fernández.
La defensa del mandatario ha cuestionado la imparcialidad del TSE, argumentando que el tribunal no tiene competencia para solicitar desafueros por beligerancia política y que tal medida debería aplicarse únicamente en casos penales.
El 14 de noviembre, Chaves compareció ante la comisión legislativa que conoció en primera instancia la denuncia, pero abandonó la sesión molesto por el tiempo limitado que se otorgó a su abogado para exponer la defensa.
Durante esa sesión, Chaves calificó el procedimiento de “circo” y “ópera bufa”, defendiendo su derecho a expresar visiones sobre el futuro del país sin señalar a qué candidatos apoyar, pero resaltando la necesidad de contar con diputados “patrióticos” para modificar lo que él considera arbitrariedades institucionales.
