El Congreso de Brasil propinó este miércoles un fuerte revés al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al anular por amplia mayoría tres decretos que aumentaban el impuesto a las operaciones financieras internacionales. La decisión impacta directamente en la estrategia oficial de elevar la recaudación sin recortar programas sociales.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron de forma consecutiva para revocar los decretos firmados por Lula en mayo. Las disposiciones anuladas implicaban un incremento en el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF), aplicado a transacciones como compras con tarjetas en el exterior, remesas y créditos empresariales.
La medida formaba parte del esfuerzo del Ejecutivo por cumplir con la regla fiscal vigente, que limita el crecimiento del gasto público hasta el final del actual mandato, en 2026. El gobierno estimaba que el aumento del IOF permitiría recaudar cerca de 12.000 millones de reales (unos 2.100 millones de dólares) durante este año.
Para el oficialismo, la decisión legislativa compromete la viabilidad de políticas sociales clave. “La derogación del decreto significa automáticamente una restricción de los programas sociales, perjudicando a los más pobres”, advirtió el diputado Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), durante declaraciones a la prensa.
Paradójicamente, incluso partidos aliados al gobierno votaron contra los decretos. La iniciativa para revertirlos fue liderada por el Partido Liberal, fuerza del expresidente Jair Bolsonaro. Desde esa bancada se argumentó que la suba de impuestos tendría un efecto inflacionario y afectaría principalmente a la clase media.
“Lula quiere cumplir la regla fiscal sin abandonar su obsesión por el gasto público descontrolado”, expresó el diputado Luciano Zucco, autor del proyecto de anulación. Durante el debate, su colega Sóstenes Cavalcante tildó al gobierno de “incompetente” y lo acusó de estar centrado únicamente en aumentar la recaudación.
El oficialismo defendió la medida como un mecanismo necesario para sostener el equilibrio fiscal sin aplicar recortes que afecten a los sectores más vulnerables. “Nosotros queremos que los ricos paguen la cuenta”, sostuvo Farias, quien también advirtió que la decisión del Congreso podría forzar al Ejecutivo a ajustar derechos laborales o programas sociales.
El gobierno ya había introducido cambios parciales a los decretos en un intento por moderar las críticas, pero mantuvo puntos clave para no comprometer los ingresos proyectados. Sin embargo, la presión parlamentaria y las señales negativas del mercado terminaron por imponer una marcha atrás definitiva.
El contexto económico tampoco juega a favor del oficialismo. En mayo, la inflación interanual alcanzó el 5,32%, y a inicios de año, el real brasileño cayó a su nivel más bajo frente al dólar tras la presentación de un proyecto para eximir del impuesto a la renta a sectores de ingresos medios.
Si bien la moneda brasileña ha mostrado cierta recuperación, las dudas persisten sobre la capacidad del gobierno de Lula para mantener la confianza de los mercados sin hacer concesiones políticas que afecten su agenda social. El debate sobre cómo financiar el Estado sin aumentar la presión fiscal o sacrificar derechos, queda más abierto que nunca.
