El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la desmovilización de 2.000 soldados de la Guardia Nacional que habían sido enviados a Los Ángeles el mes pasado por orden directa del presidente Donald Trump, en respuesta a las protestas contra las redadas migratorias.
La medida fue comunicada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien aseguró que la situación en la ciudad ha mejorado tras la presencia militar. “Gracias a nuestras tropas que acudieron a la llamada, la anarquía en Los Ángeles está remitiendo”, afirmó.
El despliegue inicial, que incluyó a más de 4.000 efectivos, se produjo en junio durante manifestaciones contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), algunas de las cuales se tornaron violentas, aunque la mayoría fueron pacíficas.
El presidente Donald Trump justificó el envío de la Guardia Nacional como una respuesta necesaria para proteger infraestructuras federales y reforzar la seguridad, en medio de un contexto de tensión social y críticas a las políticas migratorias de su administración.
Sin embargo, el despliegue se realizó sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, lo que generó un fuerte desencuentro entre la Casa Blanca y el gobierno estatal. Newsom calificó la decisión como un acto unilateral y políticamente motivado.
“Estas tropas han sido alejadas de sus familias y sus vidas civiles para servir como peones políticos del presidente”, expresó Newsom en un comunicado publicado este martes, tras conocerse la decisión de liberar a parte del contingente.
La operación también incluyó el envío de más de 700 infantes de marina a Los Ángeles, lo que intensificó la tensión entre los gobiernos estatal y federal, y generó protestas por lo que varios sectores consideraron una militarización de la protesta social.
En su declaración, Newsom criticó que aún quedan tropas desplegadas sin una misión clara. “Los miembros de la Guardia siguen sin dirección, sin propósito, y sin esperanzas de volver a sus comunidades”, sostuvo.
Por ahora, mientras parte del contingente inicia su retirada, la presión sobre la administración Trump para poner fin al operativo persiste. El gobierno de California insiste en que todos los efectivos deben regresar y que el uso de militares no debe normalizarse en conflictos sociales.
