El Ejecutivo nacional, a través de la ministra Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 828/2025, que establece un nuevo protocolo para el accionar de agentes encubiertos y “reveladores digitales” en investigaciones judiciales.
La norma regula criterios de designación, seguridad y supervisión sobre personas infiltradas en redes sociales o sitios web para perseguir delitos graves, como narcotráfico, pornografía infantil y terrorismo.
Desde el Ministerio se justificó la medida: “Las organizaciones criminales operan cada vez más en el ciberespacio. Los agentes encubiertos digitales constituyen una herramienta poderosísima en la lucha contra el delito complejo.”
Hasta ahora, la Ley 27.319 regulaba a los agentes encubiertos presenciales, pero no incluía pautas claras para intervenciones digitales. Esta resolución viene a llenar ese vacío.
Se crea un “Registro de avatares”, donde se planifican y supervisan identidades virtuales ficticias usadas por los agentes, bajo control del Ministerio de Seguridad.
El protocolo detalla que el procedimiento comienza con un oficio judicial. Luego, la Unidad Especial designa al agente, cuyos “avatar” y datos quedan registrados con un código único, bajo custodia y reserva.
Además, Renaper podrá emitir documentos físicos o digitales respaldatorios para los avatares, lo que refuerza la identidad virtual en investigaciones.
La resolución advierte que filtrar la identidad ficticia puede acarrear sanciones administrativas y penales; y limita su uso exclusivamente a la misión autorizada, con destrucción al cierre salvo en casos excepcionales.
En 2024, Bullrich ya había creado la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y autorizado ciberpatrullajes por resolución 428/2024 para prevenir amenazas, fraudes, cripto-delitos y estafas.
Recientemente, el Estatuto de la Policía Federal incluyó el ciberpatrullaje como tarea preventiva sin orden judicial, siempre que haya “circunstancias objetivas”. La oposición alertó que esto podría vulnerar la privacidad y la libertad de expresión.
El Gobierno defendió los cambios bajo la premisa de profesionalizar las fuerzas de seguridad y acercarlas a estándares internacionales como los del FBI, reforzando así la capacidad investigativa estatal.
Finalmente, Bullrich creó un Consejo Académico Asesor ad honorem para la Unidad de Agentes, presidido por el juez Ricardo Basílico. Estará integrado por jueces, fiscales y oficiales de las fuerzas, con el fin de capacitar, optimizar y controlar los riesgos en operaciones digitales.
