El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la Corte del Distrito Sur de Illinois presentó cargos formales contra 26 miembros de alto perfil del Cártel de Sinaloa.
Los acusados enfrentan señalamientos por presunto tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y operaciones de lavado de dinero hacia México, lo que constituye uno de los mayores procesos judiciales recientes contra esta organización criminal.
La fiscal general Pamela Bondi aseguró que “la acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista”, al tiempo que vinculó al cártel con actos de “narcoterrorismo” en perjuicio de Estados Unidos.
En la misma línea, Steven D. Weinhoeft, fiscal federal para el Distrito Sur de Illinois, calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal internacional despiadada”, advirtiendo que el gobierno norteamericano no escatimará recursos para “aplastar sus operaciones y proteger a nuestra comunidad”.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, resaltó que la investigación permitió incautar más de 360 kilos de fentanilo, 80 kilos de metanfetaminas y 50 kilos de cocaína. “No se trata de una operación callejera, sino de una red que ha inundado al Medio Oeste”, puntualizó.
Estas acciones se enmarcan en la operación nacional “Recuperemos América”, impulsada bajo la administración del presidente Donald Trump, quien designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (OTE), lo que endurece las sanciones por narcotráfico cuando se relaciona con financiamiento al terrorismo.
Como parte de esta ofensiva, durante la última semana se detuvo a 15 de los acusados en distintas ciudades estadounidenses, lo que refleja el alcance territorial de la red criminal y el esfuerzo coordinado de varias agencias de seguridad.
Entre los nombres incluidos en la acusación figuran Próspero Coronel-Sánchez (“Pro”), José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”), Ángel Alemán Alatorre-Monge, Leobardo Alcaraz-Ibarra y Miguel Ángel Aramburo Jr., entre otros.
También fueron señalados Manuel Buenrostro, Óscar Bryan Castro, Carlos Díaz Jr., Alejandro Flores, Armando Gallardo y Karen L. Gandarillas-Carreño, así como Roberto J. González Jr. y Sabrina Danielle Herrera.
La segunda parte de la lista está compuesta por Mauro Armando Luna-Rentería, Lucía Viridiana Montano, David Alonso Pereda, Memo Pérez (“Demecia Pérez”), Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras, Miguel Ríos y Richard Ruiz Jr.
A ellos se suman Evan Sánchez, Julio Villa Morales, José Espino Zavala, Martín Ismael Zúniga-López Conde y Frank Michael Pennel, todos acusados de participar activamente en las operaciones de tráfico y lavado de dinero.
La investigación estuvo a cargo de la oficina de la DEA en St. Louis, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio Postal de EE.UU. Los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans conducen el caso que, según las autoridades, busca desmantelar una de las redes criminales más influyentes y violentas del hemisferio.
