Estados Unidos implementó nuevas directrices que podrían declarar inelegibles a inmigrantes con ciertas condiciones médicas o de edad avanzada. La medida forma parte de un endurecimiento de las políticas migratorias en el país.
Según KFF Health News, el Departamento de Estado instruyó a embajadas y consulados a evaluar la salud de los solicitantes de visa de inmigrante, ampliando la lista de condiciones que podrían ser consideradas una carga pública.
Entre las afecciones señaladas se incluyen la obesidad, diabetes, apnea del sueño, hipertensión y asma, enfermedades que podrían requerir tratamientos costosos o prolongados, según la directriz.
La orden también considera la edad de los solicitantes, buscando determinar si existe un riesgo de dependencia futura de programas de asistencia social estadounidenses.
Esta política no solo evalúa la salud del solicitante, sino también la de sus familiares cercanos, incluyendo hijos y padres mayores, en relación con los recursos disponibles para cubrir gastos médicos sin asistencia del gobierno.
Desde su primer mandato, Trump y sus asesores defendieron la necesidad de evitar que personas que puedan representar una carga financiera ingresen al país, argumentando protección de los recursos públicos.
La Administración de Joe Biden (2021-2025) había revertido varias de las políticas de carga pública emitidas durante el primer mandato de Trump, buscando flexibilizar los criterios para inmigrantes vulnerables.
Con la nueva directriz, la Casa Blanca retoma la política original, generando críticas por el posible efecto discriminatorio sobre personas con enfermedades crónicas o adultos mayores.
Expertos en migración advierten que estas medidas podrían limitar el acceso de inmigrantes que buscan residir legalmente en Estados Unidos, especialmente aquellos con condiciones de salud que requieren atención médica regular.
Por otro lado, defensores de la medida sostienen que la política busca proteger el sistema de salud y los recursos sociales del país, asegurando que quienes ingresen tengan capacidad de costear sus propios cuidados médicos.
A medida que la implementación avance, las embajadas y consulados deberán equilibrar la evaluación médica y de edad con los derechos de los solicitantes, mientras la política genera discusión sobre sus implicaciones humanitarias y legales.
