El gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, anunció este martes la declaración de estado de excepción en siete provincias debido a lo que catalogó como una “grave conmoción interna”. La decisión llega tras varias jornadas de manifestaciones y bloqueos de vías.
Las provincias incluidas son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se han registrado protestas parciales, bloqueos y traslado temporal de sedes ejecutivas en Imbabura y Cotopaxi.
El estado de excepción se aplicará por 60 días y contempla restricciones como la suspensión del derecho a reunión en espacios públicos, para frenar cierres de vías y manifestaciones que afecten el orden público, según el decreto oficial.
El decreto justifica la medida en la alteración del libre tránsito, afectación al transporte, interrupciones económicas y riesgos para la seguridad ciudadana. Se señala que los bloqueos han provocado perjuicios en cadena de abastecimiento.
El origen de las protestas está en la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del combustible de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, afectando al transporte, al sector agropecuario y a ciudadanos con menor capacidad económica.
El gobierno ha implementado medidas de compensación: bonos, ayudas al transporte, incentivos a agricultores y transportistas, para mitigar el impacto en quienes más lo necesitan.
A pesar de ello, organizaciones sociales como Conaie y sindicatos han criticado la medida calificándola como insuficiente y exigiendo diálogo, mayor atención a la inseguridad y revisión de decisiones que consideran impositivas.
El decreto también faculta a las fuerzas de seguridad para intervenir, imponer restricciones en reuniones públicas no pacíficas, y suspender derechos constitucionales en las áreas bajo excepción.
Al margen de las restricciones, el decreto aclara que el derecho a manifestación pacífica se mantiene, siempre que no se afecten derechos de terceros ni se altere el orden público con violencia o cierres de vías.
Ciudadanos y transportistas denunciaron robos, asaltos y extorsiones en rutas bloqueadas, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad y urgencia de la población frente a la situación.
El Gobierno sostiene que los fondos liberados por la eliminación del subsidio, estimados en USD 1.100 millones al año, serán redirigidos hacia infraestructura social, desarrollo productivo y apoyo al transporte.
