El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió al veto total del proyecto de Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional. La propuesta legislativa, que generó intensos debates, incluía una disposición controvertida que buscaba prohibir la venta de sustitutos de leche materna sin prescripción médica.
La noche del 4 de noviembre, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que el Gobierno expresó su apoyo al fomento y protección de la lactancia materna como un derecho fundamental. Sin embargo, el Ejecutivo cuestionó la coherencia interna del proyecto y las contradicciones con el marco jurídico del país y las recomendaciones internacionales.
El núcleo de la controversia radica en la restricción impuesta a los sucedáneos de leche materna. Según los legisladores que promovieron la ley, la prohibición de la venta sin receta médica era necesaria para proteger la lactancia materna frente a campañas publicitarias y estrategias comerciales engañosas que, a su juicio, afectan a la salud infantil.
No obstante, el Gobierno objetó que tal medida no fuera la solución adecuada. Argumentó que restringir la comercialización de los sucedáneos de leche materna podría crear obstáculos para las familias que no pudieran amamantar por diversos motivos y necesitaban alternativas para garantizar la correcta alimentación de sus hijos.
En el comunicado, la Presidencia destacó que la prohibición de la venta libre de los productos no solucionaba el problema y podría poner en riesgo la salud de los infantes. En lugar de restringir el acceso, el Gobierno abogó por un enfoque más equilibrado que permita a las madres tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos.
A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han recomendado políticas que regulen la comercialización de los sustitutos de leche materna. Sin embargo, ambas entidades han señalado que estos productos son necesarios en casos específicos, como cuando la lactancia no es viable. La OMS subraya que las madres deben tener acceso a alternativas de alta calidad cuando no puedan amamantar.
En Ecuador, la tasa de lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida es del 43%, una cifra que refleja la necesidad de avanzar en políticas públicas que favorezcan el acceso a la lactancia materna, sin generar barreras innecesarias. El veto presidencial pone en pausa el proceso legislativo y obliga a los legisladores a reconsiderar su enfoque.
El veto a la ley ha sido bien recibido por algunos sectores que consideran que una prohibición estricta habría sido contraproducente. El Ejecutivo ha señalado que las políticas públicas deben estar alineadas con los estándares internacionales, de manera que los productos sustitutos sean accesibles en los casos en que sean necesarios.
El veto total también implica que el proyecto no puede ser reintroducido ni tratado nuevamente en la Asamblea Nacional. Esta herramienta, utilizada por el Ejecutivo, permite detener iniciativas que el Gobierno considere inconvenientes o inconstitucionales, lo que en este caso ha generado un giro importante en el debate sobre la protección de la lactancia materna en Ecuador.
Este episodio se suma a una creciente discusión en América Latina y el mundo sobre la regulación de la comercialización de los sustitutos de leche materna. Países como Filipinas y Brasil han adoptado leyes estrictas para limitar la influencia de las empresas productoras de estos productos, buscando proteger los derechos de los recién nacidos a recibir una alimentación adecuada.
