El régimen de Corea del Norte ha anunciado la convocatoria de una nueva sesión de su Asamblea Popular Suprema, programada para el 22 de enero. En este encuentro se abordarán varios temas clave, entre ellos la reciente enmienda constitucional que elimina las referencias a una eventual reunificación con Corea del Sur. Este es solo un aspecto de una serie de reformas que abarcan también el presupuesto estatal para 2025, cambios en la Constitución Socialista y nuevas leyes que afectan sectores estratégicos como la industria de materiales de construcción y la agricultura en alta mar.
La decisión de convocar esta reunión fue confirmada por la agencia estatal de noticias KCNA, que reportó que la resolución fue tomada durante una reunión plenaria del comité permanente del parlamento norcoreano. La atención se centra, no obstante, en la enmienda constitucional, que marca un giro significativo en la postura oficial de Pyongyang respecto a su vecino del sur.
En octubre pasado, Corea del Norte modificó su constitución para declarar a Corea del Sur como un “Estado hostil” y eliminar cualquier referencia a la reconciliación o reunificación entre ambas naciones. Este cambio, liderado por Kim Jong-un, se alinea con su discurso de enero, cuando calificó al Sur como el principal enemigo nacional, y promovió una revisión de los límites territoriales, incluyendo la disputa por la frontera marítima occidental.
Estas reformas constitucionales van acompañadas de medidas prácticas para consolidar el distanciamiento entre ambos países. El régimen de Kim Jong-un ha ordenado la demolición de tramos de carreteras y vías ferroviarias que conectaban Corea del Norte con Corea del Sur, lo que simboliza la ruptura definitiva en las ya deterioradas relaciones bilaterales.
El contexto de estas reformas no es aislado, ya que coincide con un momento de alta tensión política en Corea del Sur. En este país, el presidente Yoon Suk-yeol enfrenta una creciente presión política y una moción de destitución presentada en su contra tras una serie de decisiones controvertidas, como la proclamación sorpresiva de la ley marcial de emergencia.
La ley marcial fue revocada por el Parlamento surcoreano pocas horas después de su promulgación, pero no antes de generar una fuerte reacción tanto en el ámbito político como social. Yoon justificó la medida como una protección del “orden constitucional” frente a actividades “antiestatales” y “fuerzas pro norcoreanas”, pero la oposición la calificó como un abuso de poder.
Las acciones de Yoon han sido fuertemente criticadas por la oposición surcoreana, que acusó al presidente de utilizar la ley marcial para detener a políticos destacados, incluidos miembros de su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular (PPP). Incluso el líder del partido gobernante, Han Dong-hoon, ha solicitado la suspensión inmediata de Yoon, acusando al mandatario de poner al país en peligro con sus decisiones radicales.
Además, han surgido alegaciones de que Yoon Suk-yeol ordenó personalmente los arrestos de figuras clave de la oposición, incluyéndose a sí mismo y a Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático (PD), durante la aplicación de la ley marcial. Según informes del diario Chosun, Yoon habría dado instrucciones directas al Comandante de Contrainteligencia, Yeo In-hyung, para llevar a cabo los arrestos, incluso movilizando unidades militares para ello.
Esta crisis política ha provocado un giro en la postura del Partido del Poder Popular, cuyos miembros, inicialmente en apoyo a Yoon, han comenzado a cuestionar su liderazgo ante las acusaciones de abuso de poder. Este cambio de actitud podría resultar clave en la votación parlamentaria que decidirá la posible destitución del presidente este sábado, reflejando un clima de incertidumbre en Seúl mientras Pyongyang se aleja cada vez más de la posibilidad de reconciliación.
En conjunto, tanto el régimen de Kim Jong-un como la situación política surcoreana marcan un período de creciente tensión en la península, con implicaciones que podrían reconfigurar las dinámicas geopolíticas en la región.
