El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Mario Godoy, anunció que en agosto de 2025 el sistema judicial será declarado en emergencia, según lo habilita la Ley de Integridad Pública aprobada este año.
La decisión responde a un diagnóstico alarmante: más del 50 % de las dependencias judiciales están en estado crítico o de alerta, incluyendo 124 de 245 sedes en condiciones estructurales precarias y otras 87 en deterioro progresivo.
La Judicatura identificó un déficit de 753 jueces, cuya contratación implicaría una inversión de USD 50,4 millones, además de recursos para dotar de secretarios, citadores y asistentes. La infraestructura física y tecnológica requiere al menos USD 200 millones para mejoras, equipos, mobiliario, vehículos y sistemas operativos.
El presidente Godoy también presentó los requerimientos del Ministerio Público y la Defensoría Pública: USD 58,6 millones para fiscales y USD 33,2 millones para defensores adicionales.
En total, el sistema judicial nacional requiere aproximadamente USD 364 millones, una cifra que duplicaría el presupuesto actual para 2025.
La declaración de emergencia está contemplada por la nueva normativa, que faculta al Consejo de la Judicatura para impulsar medidas urgentes de reestructuración dentro del marco legal vigente.
Godoy aclaró que esta medida no busca remover jueces de forma inmediata, sino realizar una evaluación profunda del sistema basada en transparencia y meritocracia.
El entorno institucional arrastra años de abandono: falta de jueces y fiscales, déficit tecnológico, procesamiento lento y sospechas de injerencia política o corrupción sistémica.
Desde junio, el pleno del Consejo ha liderado mesas técnicas con Fiscalía y Defensoría para compilar información que respalde la declaratoria y trace una hoja de ruta conjunta.
Juristas han advertido sobre el riesgo de centralización de poder: aunque la ley permite declarar emergencias, también podría afectar la independencia judicial si no se implementa con controles claros.
