En un giro trascendental dentro de uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la detención preventiva de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
Ambos excongresistas son investigados por su presunta participación en el desfalco de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una institución clave en la atención de emergencias naturales en el país.
La Sala de Instrucción del alto tribunal determinó que se cumplen los requisitos legales para aplicar la medida de aseguramiento intramural contra Name y Calle, una decisión que fue ejecutada este mismo miércoles mediante operativos policiales.
Según informó la Corte en un comunicado oficial, los dos exlegisladores serán suspendidos de sus funciones como congresistas del periodo 2022-2026, en espera del avance del proceso judicial.
El caso involucra acusaciones de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, delitos graves dentro del ordenamiento penal colombiano. De acuerdo con las investigaciones, los implicados habrían recibido pagos en efectivo a cambio de facilitar contratos irregulares dentro de la UNGRD.
Las revelaciones clave provinieron del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien confesó en 2023 que parte del presupuesto destinado a la compra de 40 camiones cisterna para La Guajira fue desviado para el pago de coimas.
Dicho proyecto, concebido para abastecer de agua potable a comunidades vulnerables, fue gravemente afectado no solo por la corrupción, sino también por la adquisición de vehículos que no cumplían las especificaciones técnicas.
La Corte ha señalado que tanto Name como Calle intervinieron directamente en esas contrataciones, aprovechando su posición como presidentes del Congreso para influir en la destinación de los recursos públicos.
El escándalo, que comenzó a salir a la luz a través de denuncias periodísticas en febrero de 2023, ha salpicado a varios altos funcionarios y ha provocado una crisis institucional en la UNGRD.
