Este martes, la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó con mayoría oficialista una propuesta que permitía derribar aeronaves sospechosas de narcotráfico, pese a la reciente compra de aviones Super Tucano a Brasil.
La iniciativa, impulsada por el diputado Rubén Rubín, preveía incorporar la “fase III” al protocolo de defensa aérea, habilitando el derribo tras advertencias previas. El oficialismo, apoyado por el Ejecutivo, defendió que la ley actual —que contempla interceptaciones y disparos disuasorios— ya alcanza para controlar el espacio aéreo.
Cuatro de los seis Super Tucanos adquiridos por USD 105 millones ya operan en el país, aunque no están autorizados para derribar vuelos sospechosos.
El presidente de la Cámara, Raúl Latorre, afirmó que la compra busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado conforme al derecho internacional vigente. La embajada de EE.UU. respaldó la postura paraguaya, destacando el compromiso del país con los estándares globales en seguridad aérea y combate al crimen.
En cambio, el diputado Rubín criticó que, sin una ley de derribo, los Super Tucanos serán “espantapájaros”, incapaces de disuadir efectivamente los vuelos ilegales. Señaló también que Paraguay enfrenta “14.000 vuelos ilícitos” anuales y 1.700 pistas clandestinas, y justificó el uso de la fase III como legítima defensa .
El diputado Santiago Benítez alertó que derribar aviones implicaría “condenar a muerte” y subrayó el respeto al derecho a la vida y la presunción de inocencia .
Tras el rechazo, el senador Eduardo Nakayama anunció que presentará un nuevo proyecto para reactivar la posibilidad de derribo en futuras legislaturas .
