A las 3:38 de este miércoles 15 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley de Amparo, con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.
El foco del debate fue el tercer artículo transitorio, que define cómo se aplicarán las reformas a los casos abiertos al momento de la entrada en vigor de la nueva normativa.
La versión original establecía que todos los procesos en curso continuarían bajo la Ley anterior, pero a propuesta del diputado Hugo Eric Flores de Morena, se modificó para que solo las etapas concluidas mantuvieran la normatividad previa.
Flores defendió el cambio asegurando que respeta los derechos adquiridos y se ajusta al artículo 14 constitucional, mientras que los actos pendientes quedarían sujetos a la nueva Ley de Amparo.
Con la reforma, los juicios en trámite tendrán dos marcos: lo realizado seguirá la ley anterior y las fases restantes se regirán por la nueva legislación.
La iniciativa busca atender problemas de prolongación de procesos judiciales y facilitar al Estado la ejecución de cobros fiscales pendientes. Según Ricardo Monreal, los juicios de nulidad en trámite suman más de 100 mil millones de pesos solo en el último año, con un tiempo promedio de 16 a 22 años.
Monreal advirtió que la dilación impide el cobro efectivo de créditos fiscales, afectando directamente las finanzas públicas. Solo el 0,5% de los montos reclamados se recupera, mientras el 95% de los deudores evita pagos mediante suspensiones judiciales prolongadas.
Ricardo Mejía destacó que la reforma corrige inconstitucionalidades y respeta actos consumados y derechos adquiridos, aplicando la ley procesal de inmediato para lo que resta del proceso.
La oposición alertó sobre impactos en los derechos de litigantes abiertos. Federico Döring (PAN) calificó la medida como retroactividad disfrazada y acusó al oficialismo de favorecer a sus allegados, dejando al ciudadano común sin protección de amparo.
Döring afirmó que la reforma beneficia a funcionarios y aliados del gobierno, mientras que los ciudadanos que enfrentan abusos de autoridad podrían perder la principal herramienta de defensa legal.
La votación, que concluyó cerca de las 4:00 de la mañana, cerró un intenso debate nocturno con múltiples reservas a artículos y posturas encontradas sobre la constitucionalidad de la ley.
El dictamen ahora será enviado al Senado para su revisión y definición final, y se espera que la discusión continúe siendo un tema central en la agenda legislativa mexicana.
