La cadena de tiendas Biggie enfrenta una de sus mayores crisis luego de que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) dispusieran el cierre temporal de sus 263 sucursales en todo el país. La medida, anunciada oficialmente esta semana, responde a una serie de irregularidades sanitarias consideradas de alto riesgo para la salud de los consumidores.
Jorge Iliou, director de Dinavisa, explicó que la decisión se tomó de forma autónoma y con base en criterios técnicos. “Tenemos atribuciones legales como policía sanitaria para intervenir preventivamente cuando hay peligro para la salud pública”, afirmó. La autoridad sanitaria confirmó que la clausura es una medida cautelar mientras se realiza una verificación integral de toda la red de tiendas.
Entre las principales infracciones detectadas figura la reetiquetación de productos perecederos, como carnes y embutidos, extendiendo artificialmente sus fechas de vencimiento. “Esto no es solo una cuestión de precios como alegan; tenemos fotos, videos y documentos que demuestran el cambio de fechas tras reenvasado”, aseguró Iliou.
El titular de Dinavisa también señaló que productos vencidos pueden contener toxinas o patógenos peligrosos. “Estos alimentos representan un riesgo real, pueden causar enfermedades graves. No podemos permitir su circulación en góndolas”, advirtió, destacando que la medida busca prevenir consecuencias mayores.
Otro de los hallazgos preocupantes fue la venta reincidente de productos no autorizados, como una miel sin registro sanitario y prohibida por agencias internacionales como la FDA de Estados Unidos. El producto, además, fue calificado como potencialmente “cardiotóxico”.
Aunque la inspección se realizó en un número reducido de locales, Dinavisa justificó el cierre total por tratarse de una cadena con una misma red de distribución. “Cuando la falla es estructural y afecta a todos los puntos de venta, la intervención también debe ser total”, explicó el funcionario.
Iliou subrayó que esta no es la primera vez que se detectan irregularidades en Biggie. “Hemos iniciado múltiples sumarios en el pasado. Esta conducta es reiterativa”, afirmó. Según el director, la intención ahora es asegurarse de que ningún local mantenga en sus estantes productos vencidos, sin registro o reetiquetados.
Consultado sobre los derechos de la empresa, Iliou aclaró que Biggie puede ejercer su defensa y que la medida es reversible tras una verificación satisfactoria. “La suspensión puede levantarse si se demuestra que ya no hay riesgo para los consumidores”, dijo.
El funcionario también remarcó que el cierre de la distribuidora no es viable si los productos continúan disponibles en las tiendas. “Cerrar el canal de distribución sin retirar el producto de góndola sería irresponsable. La prioridad es impedir el acceso del consumidor a estos alimentos peligrosos”.
“Hay que actuar antes de lamentar una tragedia. No podemos esperar una muerte para tomar decisiones. Esta es una medida para proteger a la ciudadanía”, sentenció Iliou. Enfatizó que la salud pública es el valor central que guía la acción de Dinavisa.
Respecto a posibles acciones contra otras cadenas de supermercados, Iliou no descartó nuevas suspensiones si se comprueba que comparten proveedores con productos irregulares. “Tenemos plena capacidad legal para intervenir cualquier establecimiento, incluso farmacias del propio Ministerio de Salud”, advirtió.
Finalmente, Iliou aseguró que la empresa Biggie “es plenamente consciente de lo que está ocurriendo” y sostuvo que las autoridades continuarán actuando con firmeza frente a prácticas que pongan en riesgo la salud de la población. “Esto no es excepcional. Todos los días intervenimos comercios, clausuramos fabricantes y analizamos denuncias. Es nuestro deber”, concluyó.
Biggie responde al cierre masivo: “Es un acto desproporcionado que pone en riesgo miles de empleos”
A pocas horas de conocerse la orden de cerrar temporalmente las más de 260 sucursales de Biggie, la empresa emitió un comunicado en el que cuestiona duramente la decisión del Gobierno. Asegura que la medida carece de proporcionalidad, viola principios constitucionales y genera un impacto profundo sobre la economía y miles de familias paraguayas.
El cierre fue instruido, tras un informe de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), que detectó productos vencidos en una docena de locales de la cadena. La orden alcanzó a todos los puntos de venta de Biggie a nivel nacional, a pesar de que las irregularidades se habrían verificado en solo una parte de ellos.
En su pronunciamiento, Biggie afirma que la decisión “constituye un abuso de poder” y exige el restablecimiento inmediato de sus operaciones. Argumenta que la medida afecta no solo a la empresa, sino también al derecho al trabajo, a la libre competencia y a la estabilidad jurídica en el país.
“Durante más de una década hemos sido un motor de desarrollo económico y social en Paraguay”, señala el texto, que va dirigido a colaboradores, clientes y proveedores. Biggie detalla que emplea a más de 5.300 personas de forma directa, opera más de 260 tiendas, y trabaja con más de 500 proveedores, entre ellos pequeños productores y emprendedores locales.
La cadena destaca que cada cifra representa familias, empleos y compromisos asumidos con la sociedad paraguaya. “Comercializamos más de 450.000 productos por día y nos eligen más de cuatro millones de clientes al mes. Esta decisión gubernamental atenta contra todo ese ecosistema productivo”, sostiene.
Desde la compañía se insiste en que el cierre generalizado no guarda relación con la magnitud de los hallazgos. “La orden no tiene precedentes ni siquiera en casos más graves”, recalcan. Además, señalan que el procedimiento se llevó a cabo sin las garantías del debido proceso ni posibilidad de defensa previa.
Biggie sostiene que el Paraguay debe regirse por los principios del Estado de derecho, donde toda medida estatal debe estar fundada en la ley, ser proporcional y respetar los derechos fundamentales. “Cerrar indiscriminadamente sin el debido equilibrio pone en riesgo al conjunto del sector privado”, alerta la empresa.
En otro tramo del comunicado, la firma rechaza categóricamente la medida y alerta sobre el precedente que podría sentar para otras compañías que operan en el país. “No solo afecta a nuestra organización, sino también a miles de paraguayos que dependen directa o indirectamente de nuestra actividad”, añade.
La empresa sostiene que fue “obligada” a cerrar sus puertas de manera temporal, pero afirma que volverá a operar con el mismo compromiso de siempre. “Estamos decididos a seguir fortaleciendo a nuestros trabajadores, apoyar a nuestros proveedores y contribuir al desarrollo del Paraguay”, expresa.
Asimismo, la cadena exige a las autoridades el levantamiento inmediato de la medida, así como el restablecimiento de la legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que —según el comunicado— deben imperar en cualquier democracia.
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido una nueva declaración tras el comunicado de Biggie. Sin embargo, la medida sigue en vigencia y las tiendas permanecen cerradas, en lo que ya se perfila como uno de los mayores conflictos recientes entre el Estado paraguayo y una empresa privada de gran alcance.
