La presidenta de Perú, Dina Boluarte, manifestó este lunes su intención de considerar la aplicación de la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores que siembran terror en el país. Esta declaración fue hecha durante la inauguración del año escolar en Perú, un evento simbólico al que asistieron mayoritariamente niños.
Boluarte, visiblemente afectada por la creciente ola de violencia, manifestó: “A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, y añadió que su gobierno no permitirá más muertes de ciudadanos que “honestamente trabajan”. La mandataria no hizo referencia directa a los recientes hechos que han conmocionado a la opinión pública, como el asesinato de un popular cantante de cumbia en Lima el pasado domingo. Este crimen ha reavivado las críticas a su gestión de seguridad, que enfrenta altos índices de criminalidad.
La ola de violencia, en la que han aumentado los homicidios y otros delitos violentos, ha llevado a diversas agrupaciones políticas a cuestionar la efectividad del Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a pedir su renuncia. El gobierno de Boluarte ha sido blanco de severas críticas por la percepción de falta de control sobre la situación.
Sin embargo, la presidenta defendió su gestión y rechazó los intentos de desacreditarla, afirmando que nunca podrá ser acusada de recibir sobornos, en clara alusión a las denuncias de corrupción que involucran a figuras del gobierno. También reiteró que su gobierno se mantiene firme y no cederá ante las presiones de grupos que buscan desestabilizarlo.
La pena de muerte, una medida considerada extrema, no se aplica en Perú desde la entrada en vigor de la Constitución de 1979. En esa misma fecha, el país ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece restricciones al uso de este castigo. No obstante, Boluarte señaló que esta es una propuesta sentida por la población, aunque el ministro de Educación, Morgan Quero, sugirió que se brindará más información sobre la iniciativa en los próximos días, y descartó que sea una estrategia populista.
Este no es el primer planteamiento de la presidenta sobre la pena capital. En diciembre pasado, Boluarte había expresado su deseo de abrir un debate sobre su aplicación en casos de violación de menores, una propuesta que también despertó controversia en el país. A pesar de estas posturas, la presidenta ha mantenido su firme creencia de que estas medidas, aunque radicales, podrían contribuir a la seguridad del país.
Por otro lado, la propuesta de Boluarte ha encendido un debate dentro de la clase política peruana. Varios congresistas de distintos partidos han impulsado una moción para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su “incapacidad” y “falta de liderazgo” frente a la crisis de seguridad. Según estos legisladores, las políticas implementadas hasta ahora, como el estado de emergencia en algunas regiones, no han producido los resultados esperados.
La moción fue presentada por la congresista opositora Susel Paredes y cuenta con el respaldo de 34 legisladores. En ella, se subraya el aumento alarmante de homicidios en el país, especialmente en Lima, y se critica la falta de medidas eficaces para enfrentar el problema de la violencia. El documento también señala que el gobierno de Boluarte no ha logrado implementar un plan estratégico claro para mejorar la situación.
Por su parte, el Ministro del Interior, Santiváñez, ha rechazado la moción de censura y defendido su gestión. Aseguró que la Policía Nacional ha logrado importantes avances en la lucha contra la criminalidad, citando numerosas detenciones y operativos exitosos. Además, Santiváñez expresó su disposición a comparecer ante el Congreso para explicar los logros alcanzados por su ministerio en el combate al crimen.
