La diputada Carla Zambelli, una de las figuras más visibles del bolsonarismo en Brasil, fue detenida este martes en Roma, luego de una operación conjunta entre la Policía Federal brasileña, la policía italiana e Interpol. La legisladora enfrentaba una condena a diez años de prisión dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, acusada de haber ordenado el hackeo del sistema informático del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) durante la campaña electoral de 2022.
La aprehensión se produjo en un apartamento de la capital italiana, donde Zambelli se encontraba alojada desde hacía semanas. Las autoridades confirmaron que su localización fue posible gracias a una denuncia formal presentada por el diputado italiano Angelo Bonelli, miembro de la Alianza Verdes e Izquierda, quien proporcionó la dirección exacta.
Zambelli, de 45 años, había abandonado Brasil a principios de junio, poco después de que se dictara la orden de detención. En su trayecto hacia Italia hizo escalas en Argentina y Estados Unidos. Dado que posee la ciudadanía italiana, su defensa sostiene que la extradición no es procedente y que tiene derecho a permanecer en el país europeo.
La legisladora se pronunció mediante un video difundido por su abogado, Fabio Pagnozzi. En el mensaje, afirmó que su entrega en Italia fue voluntaria y que no considera estar huyendo sino resistiendo. “No voy a volver a Brasil para cumplir pena en Brasil”, dijo, y añadió que espera un juicio justo en Italia, donde —según ella— hay garantías democráticas que en su país estarían ausentes.
La condena contra Zambelli se basa en su vínculo con el hacker Walter Delgatti, conocido por delitos cibernéticos y quien también fue sentenciado a más de ocho años de prisión por haber vulnerado el sistema judicial brasileño en plena campaña presidencial. El objetivo, según la acusación, era debilitar la imagen del Poder Judicial y generar sospechas sobre la transparencia del proceso electoral que enfrentó a Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
Además del caso de hackeo, la diputada tiene pendientes otros procesos judiciales, entre ellos uno por haber perseguido armada a un militante de izquierda en São Paulo, justo antes de la segunda vuelta electoral de 2022. Este episodio provocó fuerte repudio tanto en el ámbito político como en la opinión pública brasileña.
Tras su salida del país, el STF brasileño ordenó su prisión preventiva, el congelamiento de sus cuentas bancarias y su inclusión en la “lista roja” de Interpol, un mecanismo que permite la cooperación policial a nivel global. La detención en Italia es vista por el gobierno brasileño como un logro en materia de colaboración internacional.
El Ministerio de Justicia de Brasil confirmó que ya está en marcha el proceso de extradición, el cual será canalizado por vías diplomáticas y judiciales. Si bien los tratados bilaterales entre Brasil e Italia contemplan este tipo de procedimientos, la existencia de una doble ciudadanía complica el escenario legal.
El caso abre un debate jurídico importante sobre los límites de la extradición cuando se trata de ciudadanos con nacionalidad múltiple. Italia, que en general no extradita a sus connacionales, podría rehusarse a entregar a Zambelli, aunque existen precedentes de cooperación judicial en casos similares. Todo dependerá del análisis que hagan los tribunales italianos del caso en curso.
Desde el entorno de Zambelli insisten en que todo el proceso en Brasil ha estado marcado por motivaciones políticas. Su abogado adelantó que presentarán recursos judiciales en Italia y que se solicitará la revisión completa del expediente para demostrar, según dijo, la “falta de imparcialidad” de la justicia brasileña.
Por su parte, el gobierno de Lula da Silva ha evitado pronunciamientos públicos directos, pero sí destacó el operativo como una señal de que “la justicia avanza” y que “ningún cargo político puede estar por encima de la ley”. La detención de una diputada en funciones marca un precedente relevante en la lucha contra el crimen cibernético con fines políticos.
