Una investigación internacional coordinada por autoridades de Estados Unidos y países de América Latina culminó con 19 detenciones vinculadas a una red de fraude migratorio. Los arrestos se efectuaron en Florida, Ecuador, Colombia y El Salvador, según confirmó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Entre los detenidos se encuentran cinco personas formalmente acusadas en Florida por liderar una estructura transnacional que durante cuatro años defraudó a miles de migrantes con promesas de visas H-2B. Ocho arrestos se realizaron en Ecuador con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional, mientras que los restantes corresponden a los otros países involucrados.
Los procesados enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, lavado de dinero, fraude migratorio, suplantación de funcionarios y uso indebido de sellos oficiales. El esquema habría afectado a víctimas en más de 15 países y movido al menos 2,5 millones de dólares mediante intermediarios en EE. UU. y Colombia, particularmente en Medellín, ciudad que concentraba la cúpula de la red.
La investigación tomó un giro clave cuando un agente encubierto, en noviembre de 2024, contactó a la red a través de la página de Facebook “Visa Solutions Assist”. En menos de tres meses, el agente simuló pagos por 1.750 dólares, proporcionando pruebas decisivas para desmantelar la operación.
Según las autoridades estadounidenses, la red operaba con sofisticación tecnológica y logística. Los “asesores” realizaban llamadas, videollamadas y correos electrónicos que imitaban procedimientos oficiales, llegando incluso a simular entrevistas consulares, entregar números de caso falsos y enviar documentos con sellos clonados de USCIS y el Departamento de Estado.
El medio ecuatoriano Primicias detalló que Danna Pamela Porras lideraba la creación y mantenimiento de decenas de sitios web falsos que replicaban portales oficiales estadounidenses, como ucsisworld.us o inmigrantesusa.org. El objetivo era engañar visualmente a los migrantes y generar sensación de legalidad.
Para reforzar la ilusión, la red utilizaba cartas laborales adulteradas, extractos bancarios simulados y citas ficticias en embajadas estadounidenses. Ninguno de los documentos generó visas legítimas; varias víctimas que viajaron con papeles falsos fueron deportadas inmediatamente.
El lavado de activos fue otro componente crítico. Los fondos recaudados mediante Western Union y cuentas personales se redistribuían hacia Colombia a través de servicios como Dolex. Los líderes de la red coordinaban cada movimiento financiero con lenguaje codificado y capturas de pantalla, mientras los proveedores cobraban tarifas fijas por operación.
En Ecuador, los detenidos tenían funciones de captación de víctimas, recepción de pagos y logística. Algunos actuaban como testaferros, prestando sus cuentas para transferir dinero al exterior, llegando a cobrar hasta 25.000 dólares por persona bajo pretextos falsos como seguros obligatorios o contratos inexistentes.
Las autoridades estadounidenses han entrevistado a más de 700 víctimas y estiman que la red afectó a más de 7.000 personas. El impacto económico y social es significativo, afectando no solo a migrantes individuales, sino también generando desconfianza en los procesos de inmigración legal.
El Departamento de Justicia destacó que los acusados están protegidos por la presunción de inocencia, pero calificó este operativo como uno de los mayores golpes contra el fraude migratorio en la región de los últimos años.
