La Policía Federal de Brasil (PF) ha desmantelado un complot dirigido a asesinar al presidente Lula, su vicepresidente Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. La operación, denominada Daga Verde y Amarilla, tenía como objetivo acabar con las figuras más prominentes del Gobierno y del Poder Judicial, en un intento por desestabilizar el país. Esta conspiración fue ejecutada por un grupo llamado “Kids Pretos”, que incluye tanto militares en servicio como de la reserva, y un agente de la Policía Federal.
El grupo planeaba, según las investigaciones, llevar a cabo los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, utilizando recursos humanos y bélicos con una clara estructura militar. A través de un alto nivel de conocimiento en tácticas operativas, los sospechosos idearon un plan detallado para ejecutar sus ataques y, posteriormente, crear una “Oficina Institucional de Gestión de Crisis”, encargada de manejar las consecuencias de los atentados.
Los arrestos, autorizados por el propio ministro Moraes, incluyeron figuras clave como el general retirado Mario Fernandes, ex secretario del Gobierno de Jair Bolsonaro, y varios miembros de los Kids Pretos como el teniente coronel Helio Ferreira Lima, el mayor Rodrigo Bezerra Azevedo y el oficial de la Policía Federal Wladimir Matos Soares.
El Ejército brasileño ha participado en el cumplimiento de las órdenes de detención en varias regiones del país, entre ellas Río de Janeiro, Goiás y Amazonas. La investigación, que apunta a un fuerte conocimiento técnico-militar, ha revelado que el grupo de conspiradores planeaba no solo los asesinatos, sino también generar un escenario de inestabilidad política y social.
El término Kids Pretos hace referencia a un grupo dentro del Ejército especializado en operaciones de sabotaje y revueltas populares, sin llegar a la categoría de guerra civil, pero con el claro objetivo de subvertir el orden institucional. Este es un caso alarmante que pone de manifiesto la peligrosa mezcla de militares descontentos con la democracia y el uso de tácticas de insurgencia para lograr objetivos políticos.
Las autoridades continúan con la investigación, mientras Brasil se enfrenta a una de sus amenazas más graves a la democracia en años recientes. La implicación de altos funcionarios y ex militares genera una profunda preocupación sobre los riesgos a la estabilidad política del país y la capacidad de las instituciones para enfrentar estos desafíos.
