El miércoles 27 de febrero, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, encabezaron una ceremonia en la Plaza de la Fe de Managua, donde tomaron juramento a 30.000 civiles encapuchados, quienes formarán parte de una nueva “policía voluntaria”. Esta fuerza, surgida bajo una reforma constitucional que consolida aún más el control del poder en manos del matrimonio presidencial, está siendo vista con creciente preocupación tanto dentro como fuera del país.
Los nuevos reclutas, vestidos con camiseta blanca y pantalón negro, se comprometieron a apoyar a las fuerzas de seguridad nacionales, en lo que Ortega y Murillo presentan como un esfuerzo para garantizar la seguridad y el orden. La oposición, por su parte, no ha tardado en señalar que esta nueva fuerza podría ser un mecanismo de represión política, diseñado para silenciar cualquier forma de disidencia en el país.
El número de civiles que se suman a este cuerpo asciende a 30.000, lo que eleva a más de 50.000 el total de personas que componen los “cuerpos auxiliares” de la policía. Esta expansión de la fuerza policial ha sido justificada por el gobierno como un respaldo a la Policía Nacional en sus esfuerzos por mantener la seguridad en el país. Sin embargo, las críticas han surgido de sectores que consideran que se trata de una maniobra para fortalecer aún más un régimen autoritario.
Rosario Murillo, quien ha sido recientemente nombrada “copresidenta” tras la reforma constitucional, elogió a los nuevos reclutas, llamándolos “guerrilleros de la paz” y destacando la importancia de esta fuerza en el contexto de lo que considera una lucha por la seguridad nacional. Sin embargo, diversos grupos de derechos humanos, como la ONU, han expresado su inquietud, señalando que esta fuerza guarda preocupantes similitudes con los grupos armados encapuchados que participaron en la violenta represión de las protestas de 2018.
Durante esas manifestaciones, que fueron catalogadas por el gobierno de Ortega como un intento de golpe de Estado, grupos encapuchados fuertemente armados atacaron a los manifestantes, en su mayoría jóvenes universitarios. Los enfrentamientos dejaron más de 300 muertos y cientos de heridos, además de decenas de desaparecidos. Los defensores de derechos humanos advierten que la creación de esta “policía voluntaria” podría estar vinculada a ese tipo de represión.
Por otro lado, Ortega renovó también el mandato del comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial. Díaz, quien asumió el cargo en 2018, continuará en su puesto durante seis años más, según la reforma constitucional que también elevó a Murillo a la “copresidencia”. Este nombramiento ha sido otro de los puntos de crítica por parte de la oposición, que señala la concentración del poder en pocas manos dentro del régimen.
Ortega, en su discurso, enfatizó la necesidad de unidad nacional para enfrentar los “desafíos” que, según él, la nación está atravesando. En este sentido, Murillo afirmó que Nicaragua tiene la “fuerza para trascender” cualquier obstáculo. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con las preocupaciones sobre la situación política y de derechos humanos en el país.
La comunidad internacional, especialmente la ONU y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha manifestado su creciente preocupación por la naturaleza autoritaria del gobierno de Ortega. Desde que regresó al poder en 2007, Ortega ha sido acusado de socavar la democracia en Nicaragua, consolidando un régimen cada vez más cerrado y represivo.
Desde las protestas de 2018, el gobierno de Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones no gubernamentales y ha encarcelado a cientos de opositores. En respuesta a estas acciones, miles de nicaragüenses han huido al exilio, y el régimen ha sido objeto de sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. La comunidad internacional ve con alarma el crecimiento de un sistema de control que parece cada vez más impenetrable.
En este contexto, la creación de la “policía voluntaria” podría ser vista como un paso más en el proceso de consolidación de un régimen de control absoluto, en el que la represión de la oposición parece ser una prioridad. Las implicaciones de este nuevo cuerpo de seguridad no solo afectan la política interna de Nicaragua, sino también su imagen en el ámbito internacional, donde se cuestiona el futuro de la democracia en el país.
