En los últimos días, decenas de habaneros decidieron expresar públicamente su frustración ante la falta de acceso a agua potable, una problemática que se ha extendido sin solución durante semanas. La manifestación tuvo lugar en la céntrica calle Reina, donde vecinos bloquearon el tránsito y exigieron respuestas claras a las autoridades.
La protesta fue registrada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización que reclamó el respeto a los derechos civiles y políticos en medio de una crisis que impacta todos los aspectos de la vida cotidiana en la isla. “Los cubanos están cansados de la indiferencia institucional ante una pobreza que afecta a casi el 90% de la población”, expresó el OCDH en redes sociales.
Las demandas ciudadanas apuntaron directamente al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel, al que acusan de negligencia frente al deterioro progresivo de los servicios públicos. Los manifestantes pidieron soluciones inmediatas y sostenibles para garantizar el acceso al agua, un recurso esencial que escasea en numerosos barrios de la capital.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la crisis se debe a una combinación de factores como la sequía prolongada y fallas técnicas en los sistemas de bombeo. El propio presidente del organismo, Antonio Rodríguez, reconoció la gravedad de la situación en una entrevista publicada por el diario estatal Granma.
Rodríguez señaló que más de 248.000 personas no cuentan con suministro regular de agua, una cifra que podría ser mayor debido a las intermitencias del servicio y a la falta de información actualizada. El oriente del país —en especial Santiago de Cuba, Holguín y Ciego de Ávila— es la zona más afectada, con alrededor de 860.000 ciudadanos impactados por la crisis hídrica.
En La Habana, los vecinos denuncian que la situación se arrastra desde hace más de un año, con sectores enteros donde el agua ha dejado de llegar por semanas o incluso meses. Las constantes fallas eléctricas, sumadas al mal estado de la infraestructura, agravan un panorama que parece no tener salida a corto plazo.
Especialistas independientes advierten que el sistema de redes y bombeo necesita una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares para su recuperación. La falta de divisas, sumada a décadas de escaso mantenimiento y a restricciones en la importación de insumos, impide encarar un plan de modernización integral.
Pero el problema del agua no es aislado. La isla enfrenta escasez crónica de productos esenciales, medicamentos y combustible. La inflación, la caída del poder adquisitivo y una migración masiva hacia el exterior han colocado al país en una situación de emergencia económica prolongada.
A fines de 2023, el gobierno cubano implementó un plan de ajuste que incluyó recortes en el gasto público, incrementos en tarifas y una mayor dolarización en sectores clave. Estas medidas, lejos de aliviar la situación, han profundizado las desigualdades y afectado la capacidad de las familias para acceder a bienes básicos.
El impacto de esta crisis se siente especialmente en la alimentación. Un estudio reciente del Food Monitor Program reveló que una pareja de adultos en La Habana necesita casi 350 dólares mensuales —equivalente a 20 salarios mínimos— para cubrir una dieta apenas suficiente. Para la mayoría de los hogares cubanos, este nivel de gasto resulta inalcanzable.
La inseguridad alimentaria afecta a más del 40% de la población, que destina todos sus ingresos a comprar comida. Según el mismo estudio, solo el 55% de los cubanos logra hacer tres comidas diarias. Un 4% apenas accede a una por día, mientras que el 29% debe conformarse con solo dos.
Datos de UNICEF indican que casi uno de cada diez niños cubanos vive en condiciones de pobreza alimentaria severa, con acceso limitado a apenas uno o dos grupos alimenticios. En este contexto, las protestas por el agua son solo una muestra más del descontento social que se expande ante un sistema que no logra dar respuestas efectivas a las necesidades más básicas de su población.
