El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, conservó su fuero luego de que la solicitud presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar su inmunidad fuera rechazada por el Congreso, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria.
La votación terminó con 35 diputados a favor y 21 en contra, insuficiente frente a los 38 votos requeridos para permitir que el TSE avanzara en un procedimiento que podría derivar en sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución del mandatario.
La petición del TSE surge en el marco de una investigación por supuestas intervenciones de Chaves en el proceso electoral, incluyendo críticas a partidos y líderes opositores y llamados públicos a elegir diputados “patriotas” dispuestos a reformar instituciones estatales, en el contexto de las elecciones generales programadas para el 1 de febrero de 2026.
Además de la bancada oficialista, algunos legisladores de distintos partidos y el bloque del Partido Nueva República se pronunciaron en contra de levantar la inmunidad. Su líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, calificó el proceso como un “circo” y un “error” del TSE, y sostuvo que la investigación ha reforzado la popularidad de Chaves y del partido oficialista en medio de la campaña.
La legislación electoral costarricense prohíbe al presidente, miembros del gabinete y otros altos funcionarios intervenir en campañas políticas o utilizar sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos. Este principio de neutralidad es considerado esencial para la legitimidad del sistema democrático del país.
Según el TSE, Chaves habría incurrido en beligerancia política al usar actos oficiales para enviar mensajes con contenido electoral y al influir en el debate público a favor de una determinada agenda legislativa, pese a que la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata y su mandato concluirá en mayo próximo.
No es la primera ocasión en la que el presidente supera un intento de levantamiento de su inmunidad. En septiembre pasado, el Congreso también rechazó una solicitud de la Fiscalía General por presunto uso indebido de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En ambos casos, Chaves no ejerció su derecho a presentar su defensa ante el Plenario legislativo, aunque sí compareció ante las comisiones parlamentarias que analizaron los expedientes, calificando las denuncias como un “circo” y una “ópera bufa”.
Desde la oposición, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, defendió la solidez del expediente del TSE y subrayó la gravedad de los hechos investigados. Según su perspectiva, las acciones denunciadas comprometen “la pureza del sufragio” y la imparcialidad política que deben garantizar ciertos funcionarios, especialmente el presidente.
Por su parte, la bancada oficialista advirtió sobre los riesgos institucionales de habilitar el proceso. Consideran que levantar el fuero sin pruebas concluyentes podría sentar un “precedente peligroso” y exponer al Ejecutivo a presiones políticas en un contexto electoral polarizado.
“El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno contra el abuso”, declaró el diputado oficialista Manuel Morales, defendiendo la inmunidad presidencial como una garantía de estabilidad institucional y advirtiendo sobre el impacto de procesos judiciales prematuros en un clima de confrontación política creciente.
Con el rechazo del Congreso, la actuación del TSE contra el presidente queda en suspenso, trasladando el conflicto al terreno político y resaltando las tensiones entre la neutralidad institucional y la competencia electoral en un país que se prepara para unas elecciones muy anticipadas.
