El Poder Ejecutivo oficializó la Ley MAFE, que establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de alerta MAFE, un mecanismo destinado a agilizar la localización de personas en situación de desaparición.
La ley fue promulgada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña y se constituye en un avance significativo en la protección de la vida, la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes, en un país donde los casos de desapariciones han generado alarma social.
La normativa rinde homenaje a María Fernanda Benítez, joven víctima de feminicidio en Coronel Oviedo en mayo pasado, cuyo caso evidenció deficiencias en la actuación oportuna de las autoridades de seguridad.
El 25 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la ley tras un proceso legislativo que incluyó la revisión de modificaciones propuestas por el Senado, reforzando la coordinación entre las fuerzas policiales, el Ministerio Público y el sistema 911.
Durante el debate, la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, explicó los cambios introducidos, destacando la ampliación de facultades para agilizar la investigación y la búsqueda de personas desaparecidas.
La ley MAFE surge también como respuesta a la polémica por la demora en la reacción de las autoridades de seguridad, cuestionada tras el caso de María Fernanda. En 2024, el oficialismo había rechazado un proyecto similar por supuesta falta de recursos, lo que generó críticas de distintos sectores de la sociedad.
Entre los objetivos principales, la ley busca centralizar la información en un registro público y gratuito, aunque con acceso restringido, que contendrá datos personales y un historial de las acciones realizadas por las fuerzas de investigación, bajo principios de confidencialidad y protección de datos.
El sistema de alerta MAFE, inspirado en modelos internacionales como la Alerta Amber, permitirá activar mecanismos de difusión inmediata a nivel nacional a través de medios de comunicación, plataformas digitales y servicios de telefonía, con colaboración de entidades públicas y privadas.
Una de las modificaciones clave establece que, desde el momento en que se registre una denuncia, la Policía y el Ministerio Público deberán actuar de manera inmediata, activando el protocolo de búsqueda sin dilaciones.
Además, la ley contempla la capacitación obligatoria de todo el personal policial, asegurando que los agentes cuenten con herramientas y conocimientos para responder de forma efectiva ante casos de desaparición.
Desde la oposición y distintos sectores de la sociedad civil, se valoró la sanción de la ley como un avance institucional y una medida concreta para fortalecer los derechos de las personas vulnerables, aunque algunos insistieron en la necesidad de asignar recursos suficientes para garantizar su implementación efectiva.
