Diez personas arrestadas en septiembre de 2024 en un operativo en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fueron condenadas este martes a 141 años y tres meses de cárcel por delitos vinculados al crimen organizado. La resolución, una de las más severas impuestas por desaparición forzada en el país, fue acompañada por una orden de indemnización que asciende a casi 1,3 millones de pesos.
El fallo, dictado por un tribunal del estado de Jalisco, siguió a un juicio oral donde se les acusó por la desaparición y homicidio de tres víctimas. Las acusaciones incluyeron desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. La Fiscalía local destacó que todos los acusados fueron encontrados culpables por las tres conductas criminales.
Según las autoridades, los sentenciados fueron detenidos el 18 de septiembre en el rancho Izaguirre, tras un enfrentamiento armado con la Guardia Nacional, que respondía a reportes por detonaciones de arma de fuego en la zona. Al ingresar al predio, los agentes encontraron a una persona asesinada, dos víctimas privadas de su libertad que fueron liberadas, y múltiples indicios delictivos.
Entre los procesados se encuentran individuos identificados como Lennin ‘N’ (o Kevin ‘N’), David ‘N’, Gustavo ‘N’, Christopher ‘N’, Juan ‘N’, Óscar ‘N’, Erick ‘N’, Luis ‘N’, Ricardo ‘N’ y Armando ‘N’. Todos enfrentan cargos por desaparición forzada y homicidio, y fueron hallados culpables tras una semana de audiencias que comenzó el 1 de julio.
Durante el juicio, se presentaron más de 40 testimonios, junto con pruebas materiales que apuntaban a la participación activa de los detenidos en los crímenes. La Fiscalía destacó que el caso representa un precedente legal en materia de justicia por desaparición en Jalisco, un estado duramente golpeado por la violencia del narcotráfico.
Mientras tanto, en Zapopan, estudiantes de la Universidad de Guadalajara salieron a las calles para exigir a las autoridades estatales una identificación rápida de los restos hallados en una fosa clandestina. Denuncian que al menos 211 bolsas con fragmentos humanos fueron localizadas a menos de tres kilómetros del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
“Nos duele pensar que alguno de nuestros compañeros podría estar ahí”, expresó Francisco Ponce, vocero de los estudiantes, al acusar a las autoridades y a la Universidad de mantener una actitud indiferente ante la crisis. La manifestación incluyó velas, fotografías de personas desaparecidas y consignas exigiendo seguridad para la comunidad estudiantil.
El colectivo “Guerreros Buscadores”, conformado por familiares de desaparecidos, encontró una segunda fosa en Las Agujas, una zona que la Fiscalía había inspeccionado sin encontrar indicios en meses anteriores. Hasta ahora, el grupo ha recuperado 42 bolsas adicionales, que se suman a las 169 ya documentadas en febrero.
La cifra provisional apunta a restos de al menos 35 personas, aunque el proceso de identificación en el Servicio Médico Forense avanza lentamente. La cercanía del hallazgo con un campus que alberga a más de 7.000 estudiantes ha generado un clima de temor e indignación entre alumnos, docentes y padres de familia.
“Las desapariciones forzadas no sólo aumentan, sino que se acercan cada vez más a nuestras vidas cotidianas”, expresó Abigail, una estudiante que leyó un comunicado durante la protesta. Exigieron mayor presencia policial en los alrededores del campus, ubicado en una zona rural con escasa vigilancia.
El caso del rancho Izaguirre había cobrado notoriedad meses atrás, cuando el colectivo denunció que el lugar podría ser un “campo de exterminio”. Aunque la Fiscalía General descartó esta hipótesis, sí confirmó que el sitio era utilizado como centro de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Jalisco lidera la estadística nacional de desapariciones con 15.414 personas no localizadas, según datos oficiales. En todo México, la cifra supera las 129.000 víctimas desde la década de 1960, lo que mantiene al país bajo una presión constante por parte de organismos de derechos humanos y colectivos civiles.
El impacto del caso en Teuchitlán ha reavivado los reclamos para que el nuevo gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tome acciones urgentes ante una crisis humanitaria que sigue escalando. Mientras tanto, la sentencia de este martes representa una excepción en un sistema donde la impunidad sigue siendo la regla.
