Este miércoles arrancó en Colombia el llamado “gran paro nacional”, convocado por centrales sindicales y movimientos sociales con el objetivo de mostrar apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro y a la consulta popular propuesta tras los reveses legislativos. La jornada comenzó con bloqueos parciales en Bogotá, aunque la participación en las marchas fue baja en comparación con otros paros nacionales recientes.
Desde tempranas horas, manifestantes interrumpieron el funcionamiento de al menos 16 estaciones del sistema Transmilenio en Bogotá y Soacha, generando retrasos y malestar entre los usuarios. En varios puntos, ciudadanos increparon a quienes bloqueaban las vías, reclamando su derecho a movilizarse para trabajar o estudiar.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, denunció en redes sociales acciones coordinadas para entorpecer la operación del transporte público. Hizo un llamado a la sensatez y pidió a los manifestantes evitar caer en actos de violencia o afectar derechos de terceros, calificando como “desproporcionado” el cierre de estaciones y vías.
El epicentro de la movilización en la capital fue el Parque Nacional, punto habitual de encuentro para las marchas hacia la Plaza de Bolívar. Desde allí, sindicatos como la CUT y la CGT reiteraron su respaldo a las reformas y a la consulta popular propuesta por el Ejecutivo. El ambiente era pacífico, aunque con escasa concurrencia en comparación con la expectativa generada.
Jóvenes universitarios, colectivos de trabajadores y agrupaciones sociales comenzaron a reunirse en la mañana, equipados con pancartas, tambores y consignas en defensa de la agenda social del Gobierno. Alegan que el Congreso ha debilitado los proyectos del Ejecutivo y buscan presionar su reactivación a través de la movilización ciudadana.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se sumó a la manifestación, destacando su carácter pacífico y su papel en la defensa de los derechos laborales. “Con alegría y convicción acompañamos el paro”, publicó en sus redes, en un claro gesto de respaldo institucional a la protesta.
La convocatoria fue impulsada por el Pacto Histórico, la bancada oficialista, en conjunto con organizaciones sociales y centrales obreras. Su objetivo: mostrar músculo popular frente al Congreso, luego de que este hundiera la propuesta de consulta popular que buscaba reactivar la reforma laboral, una de las banderas del Gobierno de Petro.
El propio presidente defendió la protesta pacífica, recordando a empresarios que no deben perseguir a trabajadores que decidan manifestarse, pero también exhortó a los manifestantes a no incurrir en violencia ni daños a la propiedad pública o privada.
Pese al respaldo oficial y sindical, la jornada tuvo escasa acogida en buena parte del país. En muchas ciudades, las actividades transcurrieron sin mayores alteraciones y los reportes de movilización fueron limitados. La poca convocatoria ha sido interpretada por analistas como una señal de debilitamiento en la capacidad de movilización del Gobierno y sus aliados.
La protesta ocurre en un contexto de alta tensión política, tras el fracaso de la propuesta presidencial en el Senado. La negativa parlamentaria de mediados de mayo significó un golpe para la estrategia de Petro, que ahora busca apoyo ciudadano para relanzar su agenda reformista.
Desde la oposición y sectores independientes se cuestiona la efectividad del paro como herramienta política, señalando que las interrupciones al transporte público afectan a los ciudadanos más vulnerables y terminan desgastando el respaldo social al Gobierno.
Aunque el Ejecutivo y sus bases insisten en que el país atraviesa un cambio de paradigma en la forma de hacer política, la baja participación de esta jornada pone en duda la capacidad real de convocatoria de las fuerzas progresistas en este momento clave para el rumbo del país.
