La Procuraduría General de la Nación de Colombia suspendió al general Miguel Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía, tras conocerse denuncias sobre la supuesta filtración de información confidencial a un jefe guerrillero. La medida busca garantizar la transparencia mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La decisión fue anunciada por el procurador Gregorio Eljach, quien aclaró que la suspensión no implica una declaración de culpabilidad, sino un paso necesario para esclarecer los hechos. La duración del apartamiento de sus cargos aún no fue definida oficialmente.
La investigación surge luego de la publicación de decenas de chats y documentos obtenidos por un medio periodístico, que señalan un intercambio de datos sensibles entre los funcionarios y alias Calarcá, líder de una disidencia de las FARC involucrado en procesos de negociación de paz.
El contenido de los dispositivos electrónicos de los implicados fue incautado en julio de 2024 durante la detención temporal de Calarcá y otros negociadores, quienes luego fueron liberados para continuar con las conversaciones de paz.
El presidente Gustavo Petro solicitó un “examen forense” de los documentos y expresó públicamente sus dudas sobre la veracidad de lo difundido por la prensa. Aun así, los funcionarios continúan siendo investigados por la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.
Huertas y Mejía han estado en el centro de la polémica no solo por estas acusaciones, sino también por sus perfiles atípicos dentro de la fuerza pública. Mejía, sin experiencia militar previa, ascendió rápidamente en la Dirección Nacional de Inteligencia, mientras Huertas fue reintegrado al Ejército después de haber sido expulsado por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN.
La gestión de Petro, primer presidente de izquierda de Colombia, se enfrenta a críticas internas y externas sobre la eficacia de las negociaciones de paz y el control del narcotráfico, que mantiene niveles récord según agencias internacionales.
Analistas señalan que la situación genera un escenario complejo, ya que involucra tanto aspectos de seguridad nacional como la credibilidad de las instituciones militares y de inteligencia, en medio de presiones de Estados Unidos para mejorar los resultados en la lucha antidrogas.
La relación entre el Ejecutivo y la cúpula militar también atraviesa tensiones. Durante los últimos meses, Petro ha realizado cambios y depuraciones en mandos de alto nivel, una tarea que, según medios locales, estaba coordinada por Mejía antes de su suspensión.
Alias Calarcá continúa con su orden de captura suspendida mientras los ataques de su grupo contra la fuerza pública se mantienen, evidenciando la complejidad del proceso de pacificación y la fragilidad de la seguridad interna.
En paralelo, Estados Unidos tomó medidas que reflejan el deterioro de la cooperación bilateral, retirando la condición de aliado en la lucha antidrogas a Colombia y aplicando sanciones económicas dirigidas al gobierno y algunos familiares del presidente Petro.
