En Colombia, cinco integrantes del Clan del Golfo murieron en enfrentamientos con militares; y en Brasil, una redada policial en Río de Janeiro dejó más de un centenar de muertos, generando fuertes críticas incluso desde gobiernos aliados.
El Ejército colombiano informó este miércoles que los cinco miembros del Clan del Golfo fueron abatidos en combates en el departamento de Antioquia, una región clave para la organización criminal. Según las autoridades, el grupo mantiene el control de yacimientos ilegales de oro, que se habrían convertido en su principal fuente de ingresos, desplazando incluso al narcotráfico como eje financiero.
Pese a los contactos que mantuvo el gobierno de Gustavo Petro con representantes del grupo armado en Qatar, el Ejecutivo no ha moderado su ofensiva militar. Delegados del gobierno y voceros del Clan habían concluido en septiembre una ronda de conversaciones exploratorias, con el objetivo de abrir negociaciones para una eventual desmovilización.
El jefe negociador del gobierno, Álvaro Jiménez, confirmó entonces que el grupo exigía beneficios judiciales y garantías de seguridad como condición para abandonar las armas. No obstante, el funcionario advirtió que no se contemplaba ninguna tregua mientras continuaran las acciones armadas.
El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mantiene una estructura de entre 6.000 y 7.000 miembros, de acuerdo con estimaciones oficiales. Su crecimiento ha sido sostenido en las últimas dos décadas, alimentado por vínculos con sectores políticos, de la fuerza pública y redes internacionales del narcotráfico.
Desde la extradición a Estados Unidos de su máximo líder, alias Otoniel, en 2022, la organización pasó a ser comandada por Chiquito Malo, quien continúa al frente de las operaciones criminales. El gobierno colombiano asegura que los golpes recientes buscan debilitar su poder territorial y financiero.
Mientras tanto, Petro también se pronunció sobre otro episodio de violencia regional que conmocionó a la opinión pública: el operativo policial en las favelas del norte de Río de Janeiro, que dejó al menos 119 muertos, entre ellos cuatro agentes.
El mandatario colombiano calificó la intervención de “barbarie” y apuntó directamente contra la derecha brasileña, al señalar que “el dolor de los pobres” es el resultado de políticas de mano dura. “La barbarie es el común denominador de las extremas derechas”, escribió Petro en su cuenta de X.
El gobernador de Río, Cláudio Castro —aliado del expresidente Jair Bolsonaro—, defendió la operación como un “éxito”, pese a las imágenes de cuerpos apilados y denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de familiares de las víctimas.
Petro comparó el episodio con la operación Orión, ejecutada en Medellín en 2002, donde una incursión militar dejó más de 80 muertos y casi un centenar de desaparecidos. Aquella acción le valió a Colombia una condena internacional por violaciones a los derechos humanos.
Desde Brasilia, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski reconoció que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaba “horrorizado” por el resultado del operativo y abogó por una estrategia que enfrente al narcotráfico “sin poner en riesgo a policías, niños ni familias inocentes”.
La redada ocurre a días del inicio de la COP30, que se celebrará en Belém, y en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre las administraciones de Lula y Petro con el gobierno de Donald Trump, que recientemente aplicó sanciones y aranceles contra ambos países.
Fuente: AFP
