Las autoridades brasileñas desplegaron este jueves un nuevo operativo contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las mayores organizaciones delictivas del país, en el marco de una investigación por lavado de dinero. La acción fue anunciada por la fiscalía y representa un nuevo intento por debilitar la estructura financiera del grupo.
El operativo se realizó en el municipio de Campinas, en el estado de São Paulo, donde agentes del Ministerio Público y de la Policía Militar ejecutaron nueve órdenes de detención y once allanamientos. Como parte del procedimiento, también se ordenó el bloqueo de inmuebles y cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos.
Según el comunicado oficial, el objetivo principal es “combatir esquemas de lavado de dinero administrados por empresarios, narcotraficantes e integrantes del PCC”. Este tipo de maniobras financieras habría permitido al grupo mantener activa su red de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas a nivel nacional e internacional.
Medios locales informaron que durante la intervención cuatro personas fueron arrestadas y una perdió la vida en el intercambio con las autoridades. Sin embargo, las fuentes oficiales no confirmaron esos datos al cierre de esta edición, mientras continúa la recopilación de información sobre los resultados del operativo.
La nueva ofensiva se produce tan solo dos días después de la que ha sido catalogada como la operación policial más sangrienta en la historia reciente de Brasil. En esa redada, desarrollada en una favela de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, murieron al menos 121 personas, incluidos 117 sospechosos y cuatro agentes.
El Comando Vermelho y el PCC son las dos principales organizaciones criminales del país, con fuerte presencia en las rutas del tráfico de cocaína hacia Europa y África. Ambas mantienen una larga rivalidad por el control territorial y las redes logísticas que operan desde los centros urbanos y las cárceles brasileñas.
Durante la acción en Río, las autoridades detuvieron a más de un centenar de personas, incautaron una tonelada de drogas y decomisaron más de cien armas de fuego. Sin embargo, la magnitud del saldo mortal provocó críticas de organismos internacionales y organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza.
Frente a la creciente presión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó este jueves una nueva ley destinada a fortalecer la lucha contra el crimen organizado. La norma incorpora penas más severas por conspiración y obstrucción de investigaciones y amplía las garantías legales para fiscales y policías.
Lula reiteró la necesidad de actuar con firmeza pero también con prudencia. “No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias y esparciendo violencia en nuestras ciudades”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al tiempo que pidió operaciones “coordinadas y seguras que no pongan en riesgo a civiles ni agentes”.
El presidente recordó que, pese a los resultados obtenidos, la prioridad del Estado debe ser siempre preservar vidas y mantener la legalidad de los procedimientos. “Combatir el tráfico de drogas requiere inteligencia, estrategia y responsabilidad institucional”, añadió.
Lula también citó como antecedente la megaoperación ejecutada en agosto pasado, considerada la mayor ofensiva contra el crimen organizado en la historia del país. Aquella investigación desarticuló una red de lavado de dinero administrada por el PCC, que utilizaba empresas del sector de combustibles como fachada.
De acuerdo con los cálculos de las autoridades, esa estructura habría blanqueado cerca de 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024. Con la nueva ley y la intensificación de los operativos, el gobierno brasileño busca cerrar el cerco sobre las finanzas de las organizaciones criminales, consideradas el núcleo que sostiene su poder económico y territorial.
Fuente: AFP
