La Federación Andina de Choferes de El Alto dio un plazo de 48 horas al Gobierno para convocarlos y resolver la crisis o exigirán la salida de altos funcionarios y autoridades de Yacimientos Petrolíferos.
“Es un ultimátum: si no responden, pediremos la renuncia de esos ministros y del presidente de YPFB”, anunció el dirigente Reynaldo Loza.
Simultáneamente, sindicatos de La Paz y Santa Cruz se declararon en alerta e impulsaron la posibilidad de convocar un paro nacional de transporte. En Santa Cruz, el transporte pesado convocó a sus afiliados este jueves para analizar acciones ante el desabastecimiento.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por medio de su gerente Germán Jiménez, prometió convocar a los transportistas y atender la demanda con base en la disponibilidad disponible.
Los sindicatos denuncian que la escasez ha limitado más del 60 % de sus operaciones: solo el 40 % de los buses circula en Santa Cruz y apenas 10‑15 % los interdepartamentales.
Esta situación responde a la baja producción local, alta dependencia de importaciones, subsidios costosos y limitada disponibilidad de divisas.
Armin Dorgathen, presidente de YPFB, reconoció que no cuenta con recursos extras: “No podemos hacer sobre despachos por falta de presupuesto”, pese a garantizar el 100 % del despacho oficial. Dorgathen precisó que el país asigna US $55‑60 millones por semana, pero necesita US $63 millones para normalizar las filas, un déficit del 12 %. En 2024, Bolivia destinó US $3.349 millones a la importación de combustibles para atender la demanda interna.
El presidente Luis Arce responsabilizó a la Asamblea Legislativa por el estancamiento de créditos externos y lo vinculó con la crisis de combustibles, en un contexto de fuerte campaña electoral y reclamos por el modelo económico.
