Este jueves, miles de campesinos e indígenas se movilizaron por las calles de Asunción, marcando la tercera jornada de protestas contra el gobierno de Santiago Peña. Bajo el lema “Por la tierra y la producción, contra todas las injusticias”, la XXXI Marcha Campesina, Indígena y Popular exigió cambios estructurales en la política agraria del país. La protesta arrancó desde el antiguo seminario del Arzobispado, recorriendo las principales arterias de la capital hasta llegar a la Plaza de la Democracia, en medio de una lluvia intermitente que marcaba el inicio del otoño paraguayo.
El principal reclamo de los manifestantes fue la reforma agraria. Marcial Gómez, secretario general de la Federación Nacional Campesina (FNC), explicó que la movilización busca una redistribución de tierras que permita a los campesinos e indígenas acceder a espacios para vivir y trabajar dignamente. “El 42 % de las comunidades campesinas y los asentamientos urbanos no tienen la legalidad de sus tierras, algunas de ellas con más de 50 años de existencia. Muchos de estos grupos están siendo amenazados con desalojos”, declaró Gómez en su discurso.
A lo largo de la marcha, las demandas no solo incluyeron la reforma agraria, sino también la legalización de los asentamientos y el establecimiento de políticas que apoyen a los productores rurales. Según los organizadores, es fundamental mejorar el acceso a créditos, asistencia técnica, infraestructura para la comercialización y el desarrollo de industrias que respondan a la demanda laboral local.
El reclamo por una mejor calidad de vida en el campo también se extendió a la juventud rural. Benecia Chávez, coordinadora nacional de la juventud del Partido Paraguay Pyahura (PPP), destacó que los jóvenes del campo están viviendo una situación de abandono. “No tienen acceso a la educación, ni a trabajos dignos. Se ven obligados a migrar en busca de oportunidades, pero muchos no logran obtener empleo o acceder a estudios adecuados”, comentó Chávez. Según la dirigente, los jóvenes son el sector más vulnerable y marginado en la actualidad.
Este clamor por justicia social y dignidad laboral no es nuevo. Las protestas se producen en el marco de un aniversario más del “Marzo Paraguayo”, un periodo marcado por la crisis política que estalló en 1999 con el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña. Desde entonces, el país ha vivido varios momentos de tensión política, y las movilizaciones de esta semana suman a una creciente presión social sobre el gobierno de Peña.
La manifestación no solo estuvo compuesta por campesinos e indígenas. El pasado martes, trabajadores y jubilados también se sumaron a las protestas, seguidos el miércoles por partidos de oposición, generando un clima de incertidumbre en el país. Las demandas de los movilizados no solo apuntan a cuestiones agrarias, sino también a una crítica generalizada hacia las políticas económicas y sociales del actual gobierno.
Uno de los puntos más destacados de la marcha fue la demanda de una reforma estructural que aborde las desigualdades históricas en el acceso a tierras y recursos. La distribución desigual de la tierra ha sido un problema recurrente en Paraguay, donde grandes sectores de la población rural continúan viviendo en condiciones precarias, a pesar de los esfuerzos por mejorar la situación en las últimas décadas.
El gobierno de Santiago Peña ha enfrentado estas movilizaciones con un discurso centrado en la seguridad y el orden público. Sin embargo, la creciente presión social podría llevar a que el ejecutivo reconsidere algunas de sus políticas, especialmente aquellas que afectan a las comunidades rurales y más vulnerables.
