El gobierno brasileño anunció este miércoles un ambicioso paquete de apoyo económico por 30.000 millones de reales —unos 5.555 millones de dólares— dirigido a los sectores productivos afectados por los recientes aranceles comerciales impuestos por la administración de Donald Trump.
La decisión llega como respuesta directa a los nuevos gravámenes del 50% que Washington ha aplicado sobre exportaciones brasileñas, especialmente en rubros clave como carnes y frutas. Estos productos representan más de un tercio de las ventas de Brasil hacia el mercado estadounidense, lo que agrava el impacto económico de la medida.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, fue enfático al señalar que se trata de una situación inédita. En sus palabras, “Brasil está siendo castigado por defender la democracia”, en clara referencia al juicio penal que se lleva a cabo contra el ex presidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
El paquete económico contempla, además de los créditos, una serie de medidas como el aumento de las compras estatales de productos perecederos —una forma de compensar la caída de la demanda internacional— y beneficios tributarios para las empresas perjudicadas por los aranceles. El enfoque está puesto, sobre todo, en proteger a las pequeñas y medianas empresas exportadoras.
La presentación del plan fue encabezada por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompañado por figuras clave del Congreso como los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre. La señal política fue clara: el gobierno cuenta con respaldo institucional para hacer frente a una ofensiva que consideran injustificada.
Trump justificó los aranceles aludiendo al proceso judicial en curso contra Bolsonaro, sugiriendo que las sanciones podrían levantarse si se abandona el juicio. Esta condición, que mezcla comercio con presión política, ha sido rechazada tajantemente por Brasil, que insiste en mantener la separación entre sus decisiones judiciales y su política exterior.
Desde el Palacio del Planalto también se respondió a otro argumento esgrimido por la Casa Blanca: un supuesto déficit comercial de EE. UU. con Brasil. El gobierno brasileño desmintió ese dato, y recordó que desde hace más de dos décadas Estados Unidos registra superávit en el comercio bilateral, con cifras oficiales del propio Departamento de Comercio estadounidense.
En 2024, las exportaciones brasileñas a EE. UU. alcanzaron los 40.300 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país norteamericano sumaron 40.500 millones. Las cifras refuerzan la percepción de que la medida estadounidense no obedece a razones económicas, sino a una estrategia de presión con motivaciones políticas.
La falta de voluntad de diálogo por parte de la administración Trump también ha sido señalada por Itamaraty, que hasta ahora ha intentado abordar el conflicto bajo una lógica estrictamente comercial. No obstante, toda negociación ha sido descartada por Washington mientras se mantenga el juicio contra Bolsonaro en la Corte Suprema.
En este contexto, el paquete anunciado busca no solo mitigar los daños inmediatos de las sanciones, sino también abrir nuevos mercados para los productos afectados. Según el gobierno, ya se están explorando acuerdos con países de Asia, África y Oriente Medio como parte de una diversificación comercial estratégica.
Para el Ejecutivo brasileño, la prioridad es mantener el dinamismo exportador sin ceder a condicionamientos externos que comprometan la soberanía institucional. La respuesta ha sido proporcional al golpe recibido: contundente en lo económico y firme en lo político.
