Brasil concede asilo a Nadine Heredia tras sentencia por lavado de activos

La exprimera damadel Perú, Nadine Heredia, partió rumbo a Brasil durante la madrugada, luego de que la Embajada de ese pais le otorgara asilo diplomático tras recibir una sentencia de 15 años de prisión.

La Embajada de Brasil en Lima se convirtió en escenario central de un nuevo episodio político tras conocerse que Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, solicitó asilo diplomático. La solicitud fue presentada horas después de ser condenada por el Poder Judicial peruano a 15 años de prisión por lavado de activos, en el marco del emblemático caso Lava Jato.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó la recepción de la solicitud de asilo, amparada en los lineamientos de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Brasil, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, accedió a brindar protección tanto a Heredia como a su hijo menor, lo que desencadenó una serie de trámites para facilitar su salida del país.

Mediante un comunicado, la Cancillería informó que Brasil invocó los artículos V y XII de la citada convención para garantizar el traslado seguro de los asilados hacia territorio brasileño. En consecuencia, el gobierno peruano proporcionó los salvoconductos necesarios para que ambos abandonaran el país sin riesgo de detención.

La decisión de Brasil fue precedida por una conversación directa entre el presidente Lula da Silva y su homóloga peruana Dina Boluarte. Según reportes de medios brasileños, esta comunicación fue clave para coordinar la entrega de los documentos que permitieron la salida de Heredia y su hijo en un avión oficial durante la madrugada.

Horas antes de confirmarse el asilo, el paradero de la exprimera dama era incierto. No se presentó a la lectura anticipada del fallo judicial y tampoco se encontraba en su residencia. Imágenes de personas saliendo con maletas alimentaron rumores de una posible fuga. Su familia aseguró que se encontraba en una clínica, aunque no se ofrecieron pruebas ni detalles del supuesto internamiento.

El abogado penalista James Rodríguez analizó la situación en Canal N, señalando que, aunque Brasil tenía la facultad de rechazar la solicitud, el contexto político hacía probable su aceptación. Destacó que Lula da Silva, involucrado en investigaciones similares y posteriormente exonerado, podría ver en Heredia un caso de persecución política.

En efecto, este argumento fue uno de los fundamentos que utilizó la defensa de Heredia para justificar el pedido de asilo. Alegaron que la sentencia respondía más a intereses políticos que a una justicia imparcial. El gobierno brasileño, al otorgar el asilo, pareció acoger esa interpretación de los hechos.

Según declaró su abogado a RPP, Heredia partió de Perú en un avión oficial brasileño alrededor de las cuatro de la madrugada. La aeronave había arribado al país a medianoche, con funcionarios de la Cancillería de Brasil encargados del traslado. El viaje hacia Brasil se dio sin incidentes.

Este desenlace ha generado diversas opiniones en el ámbito político y judicial. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su rechazo al asilo otorgado, calificándolo como un mensaje de impunidad. Mientras tanto, sectores afines a Heredia consideran que se ha garantizado su derecho a buscar protección frente a lo que califican como una persecución judicial.

Cabe recordar que la sentencia contra Heredia y su esposo, el expresidente Humala, fue dictada por el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, bajo la dirección de la jueza Nayko Coronado. El tribunal determinó que ambos recibieron aportes ilícitos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011, provenientes de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente.

La Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, base legal de este proceso, establece que cualquier persona puede solicitar protección en una sede diplomática cuando considera que su integridad física o libertad están en riesgo en su país de origen. Tanto Perú como Brasil han ratificado este tratado, lo que obligó al gobierno peruano a cumplir con las garantías previstas.