La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de Ley que refuerza la respuesta estatal contra el crimen organizado y eleva significativamente las penas para estructuras delictivas catalogadas como “ultraviolentas”.
La iniciativa llega menos de un mes después del operativo policial más mortal registrado en el país, llevado a cabo en Río de Janeiro, que culminó con 121 fallecidos, entre ellos cuatro policías y 117 presuntos integrantes de facciones criminales.
El proyecto, que aún debe ser analizado por el Senado, prevé penas de hasta 40 años de prisión para delitos cometidos por organizaciones criminales y contempla condenas que podrían llegar a los 66 años para sus líderes en casos agravados, como el reclutamiento de menores.
La votación cerró con 370 votos a favor y 110 en contra, en medio de un debate marcado por fuertes diferencias entre el oficialismo y los sectores conservadores del Congreso.
El presidente de la Cámara, Hugo Motta, figura del influyente bloque “Centrao”, defendió la aprobación del texto al señalar que las familias brasileñas “buscan soluciones concretas” frente al avance de las organizaciones criminales en distintos territorios del país.
Motta sostuvo que millones de ciudadanos viven bajo la presión directa de estos grupos y que el Estado necesita herramientas más sólidas para recuperar el control en zonas dominadas por facciones delictivas.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había enviado el proyecto original al Congreso pocos días después de la megaoperación realizada el 28 de octubre en dos favelas cariocas, donde se buscó desarticular al Comando Vermelho, una de las organizaciones más poderosas del país.
Sin embargo, el texto sufrió modificaciones durante su paso por comisiones, lo que llevó al bloque oficialista a votar en contra por considerar que la versión final se alejaba de la propuesta del Ejecutivo.
La normativa aprobada establece que los jefes de organizaciones criminales deberán cumplir prisión en establecimientos federales de máxima seguridad, con acceso restringido a beneficios penitenciarios y con nuevas figuras penales dirigidas a limitar su capacidad de control territorial.
Entre los nuevos delitos incluidos se encuentra el de “dominio social estructurado”, referido a casos en que estructuras criminales restringen la movilidad de la población o interfieren con el acceso a servicios públicos.
La propuesta también amplía las herramientas de confiscación de bienes vinculados a actividades ilícitas, uno de los puntos que obtuvo mayor consenso entre los legisladores.
Uno de los debates más duros se dio en torno a las facultades de la Policía Federal, ya que el oficialismo sostuvo que los cambios incorporados reducen su capacidad operativa en investigaciones complejas contra grandes organizaciones.
El Partido Liberal (PL), aliado del expresidente Jair Bolsonaro, respaldó la versión final del proyecto, aunque su propuesta de equiparar las organizaciones criminales con grupos terroristas fue eliminada en la negociación final.
La exclusión de ese apartado evitó que la normativa asumiera un alcance aún más extremo, aunque no modificó el apoyo del PL a las medidas aprobadas.
