El Senado de Brasil aprobó recientemente un proyecto de Ley que modifica el Estatuto del Niño y Adolescente (ECA) para adaptarlo a la era digital, en respuesta a la creciente preocupación por la exposición de menores a contenidos y responsabilidades propias de adultos en redes sociales.
Esta iniciativa, conocida como “adultización” o ECA digital, impone nuevas obligaciones a las plataformas online, incluyendo la vinculación obligatoria de cuentas de menores de 16 años a un adulto responsable que pueda supervisar su actividad y configurar filtros de privacidad.
La ley también exige que las plataformas implementen controles efectivos para verificar la edad real de sus usuarios y prohíbe la difusión de contenidos nocivos para niños y adolescentes, como pornografía, violencia, apuestas y promoción de alcohol o tabaco.
Asimismo, las plataformas deberán evitar herramientas que fomenten el uso compulsivo, como la reproducción automática o las notificaciones constantes, medidas orientadas a proteger la salud mental y el bienestar de los menores.
Originalmente, la ley contemplaba la eliminación automática de contenidos denunciados que vulneren derechos infantiles, pero tras críticas se limitó esta medida a denuncias oficiales, buscando equilibrar la protección con la libertad de expresión.
Además, se establece la obligación de denunciar casos de abuso o explotación infantil y se creará un organismo autónomo para supervisar el cumplimiento de estas normas, aunque la ley sólo entrará en vigor dentro de un año.
En paralelo, la Justicia brasileña ha impuesto restricciones a Meta (Facebook e Instagram), prohibiendo la difusión de contenidos que configuren trabajo infantil sin autorización judicial, bajo sanciones económicas y obligaciones de prevención.
Esta orden judicial subraya los riesgos de la exposición infantil en redes, desde problemas de salud mental hasta daños sociales y educativos, así como la dificultad para controlar la viralidad e irreversibilidad de imágenes difundidas.
El Gobierno brasileño prepara además dos proyectos de ley para regular a las grandes tecnológicas, que introducen responsabilidades directas para eliminar contenidos ilícitos y refuerzan la supervisión y sanción por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos.
Estas propuestas buscan combatir delitos contra la soberanía nacional y los derechos humanos en línea, imponiendo multas que podrían alcanzar hasta el 10% de la facturación de las plataformas y la suspensión de sus operaciones en Brasil.
