Las autoridades de Brasil notificaron oficialmente a Bolivia, vía Interpol, sobre la detención en São Paulo de Noel Montaño, exmandatario de la ACF, solicitado por presuntos nexos con el narcotraficante Sebastián Marset.
El Ministerio Público boliviano emitió una orden de arresto internacional por confabulación, asociación ilícita y tráfico de sustancias controladas, lo que derivó en una notificación roja de Interpol emitida en mayo.
La detención ocurrió el 25 de julio en un evento familiar, donde Montaño participaba junto a su hijo. Su captura fue ejecutada por la Policía Federal de Brasil en colaboración con la oficina de Interpol en São Paulo.
El director de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, confirmó que la institución ya activó el protocolo para iniciar el proceso de extradición, el cual podría concretarse en unos 60 días.
Las investigaciones señalan que Montaño facilitó el ingreso de Marset al club Los Leones de El Torno bajo una identidad falsa —Luis Paulo Amorim Santos— para permitir su participación en torneos locales durante al menos cuatro meses hasta julio de 2023. Se sospecha que Montaño y su asesor recibieron unos 300.000 dólares para concretar esa inscripción fraudulenta, según la Fiscalía boliviana.
Aunque fue desvinculado oficialmente de la ACF, Montaño negó los cargos y declaró públicamente su inocencia tras presentarse ante la justicia boliviana el año anterior.
El acusado enfrenta múltiples causas en Bolivia, incluyendo procesos por corrupción, difamación y enriquecimiento ilícito, que se suman al expediente en curso.
El caso Marset ha generado atención internacional, ya que el uruguayo está vinculado al asesinato del fiscal Marcelo Pecci y considerado uno de los narcotraficantes más buscados en Sudamérica.
El proceso de extradición se iniciará formalmente en Brasil; sí Montaño acepta la extradición simplificada, el traslado se agilizará; de lo contrario, deberá avanzar en instancia judicial paraguaya-boliviana.
Sin embargo, si rechaza la extradición voluntaria, el procedimiento podría extenderse en audiencias de defensa conforme al convenio bilateral vigente entre Bolivia y Brasil.
Las autoridades proyectan que, desde el inicio del trámite, el caso se resolverá en un plazo que no excederá los 60 días, aunque eso depende del estado legal y judicial en Brasil
