Este lunes, pasadas las 8:00 de la mañana, el gobierno de Santiago Peña dio inicio a la segunda Cumbre de Poderes en un contexto de profunda crisis institucional. La convocatoria, centrada en la crisis desatada por los controvertidos chats del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, ha generado expectativas sobre las posibles soluciones que el gobierno pueda presentar frente a las acusaciones de corrupción que han sacudido la política paraguaya.
Los actores principales de esta reunión son figuras del cartismo, destacándose el senador Basilio Núñez, el titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, el presidente de la Corte Suprema César Diesel, el fiscal general Emiliano Rolón y el contralor general Camilo Benítez, entre otros. Un detalle significativo es que no se han convocado opositores ni representantes de la sociedad civil, lo que genera inquietud sobre la imparcialidad y la efectividad de las discusiones.
La Cumbre, que cuenta con la participación también del vicepresidente Pedro Alliana, el director de Itaipú José Alberto Alderete y Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia, se desarrolla en un escenario de controversia. Aunque el gobierno de Peña ha prometido en sus discursos que la lucha contra la corrupción será uno de los temas clave, la invitación exclusiva a actores vinculados con el cartismo levanta dudas sobre su real voluntad de enfrentar la problemática de manera transversal.
El antecedente de la primera Cumbre de Poderes, realizada en agosto de 2023, dejó resultados contraproducentes. En esa ocasión, el gobierno de Peña también había señalado la lucha contra la corrupción como uno de sus objetivos, pero los hechos posteriores revelaron una serie de medidas que fueron vistas como un retroceso en esa área. Entre ellas, se destaca la modificación y eventual aniquilación de la ley contra las puertas giratorias, un intento de reforma al nepotismo que fue frenado por el Congreso y la disolución de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
La situación se complicó aún más cuando se eliminó la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, lo que generó un fuerte rechazo en la opinión pública y entre diversos sectores de la sociedad. La percepción de que el gobierno no toma medidas efectivas en su lucha anticorrupción se vio reflejada en estos actos que más bien favorecieron la continuidad de prácticas que se habían propuesto erradicar.
A pesar de los avances en algunos aspectos, como la participación de la fiscalía y la Corte Suprema en este tipo de encuentros, los resultados de las acciones tomadas hasta ahora dejan entrever que las promesas del gobierno de Peña siguen siendo cuestionadas. La ausencia de opositores en esta nueva Cumbre de Poderes, más allá de la exclusión, podría reflejar la falta de voluntad para generar consensos amplios y efectivos para enfrentar los desafíos del país.
Por otro lado, la confianza expresada por Peña hacia dos de los ministros involucrados en los chats de Eulalio Gomes —Liliana y Marco Alcaraz— ha generado más críticas y dudas sobre la disposición del gobierno para tomar medidas que realmente vayan a cambiar la estructura política que sigue siendo vista como clientelista y opaca.
En cuanto a las expectativas que genera este nuevo encuentro, las promesas de una lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia se cruzan con la realidad de una administración que no ha logrado implementar las reformas esperadas. La falta de pluralidad en la convocatoria podría dificultar que el diálogo sea genuino y efectivo, limitando las posibilidades de generar soluciones que cuenten con un respaldo amplio tanto a nivel institucional como popular.
