Argentina refuerza la vigilancia en la frontera por la ola de violencia en Río de Janeiro

El Ministerio de Seguridad activó la alerta máxima en los pasos limítrofes ante el riesgo de que miembros del Comando Vermelho intenten cruzar desde Brasil. Patricia Bullrich ordenó un control más riguroso de los perfiles migratorios y un seguimiento conjunto con las áreas de Inteligencia y Migraciones.

El Gobierno argentino declaró alerta máxima en las fronteras tras los graves episodios de violencia registrados en Río de Janeiro, donde un operativo policial contra el Comando Vermelho dejó más de un centenar de muertos.

La medida busca impedir el ingreso al país de posibles integrantes o aliados del grupo narcocriminal brasileño, considerado uno de los más poderosos y violentos de la región.

“Se van a reforzar todos los mecanismos de control en los pasos fronterizos y revisar en profundidad los perfiles de ingreso desde Brasil”, informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

La ministra Patricia Bullrich encabezó una reunión de emergencia con sus equipos técnicos para analizar la situación y coordinar acciones con la Dirección Nacional de Migraciones y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Según la funcionaria, la decisión no implica el envío de más fuerzas federales a la Triple Frontera, sino una fiscalización más estricta y coordinada de las personas que ingresen al país.

La Triple Frontera, que une Argentina, Brasil y Paraguay, fue calificada por el Gobierno como una de las zonas más sensibles en materia de seguridad regional, debido al flujo constante de personas y mercancías.

Desde comienzos de año, la Casa Rosada reforzó el área con 300 agentes federales y estableció un acuerdo de cooperación con Paraguay para aumentar la presencia militar en el corredor fronterizo.

Aun así, fuentes oficiales reconocen que las filtraciones son frecuentes y que en los últimos meses se registraron enfrentamientos con bandas transnacionales en la zona.

En paralelo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva evalúa militarizar Río de Janeiro, una medida contemplada en la Constitución brasileña para enfrentar situaciones excepcionales de violencia interna.

El megaoperativo que desató la crisis se llevó a cabo en el complejo de favelas de Penha y Alemão, en la zona norte de Río, con la participación de unos 2.500 policías y fiscales.

La acción, considerada la más letal en la historia de la ciudad, dejó al menos 120 muertos, decenas de detenidos y múltiples enfrentamientos armados, además de incendios y bloqueos en las principales avenidas cariocas.

De acuerdo con la Fiscalía, la Penha se transformó en un centro estratégico para el tráfico de drogas y armas, desde donde el Comando Vermelho impulsaba su expansión territorial. Las fuerzas de seguridad incautaron 93 fusiles de asalto y una gran cantidad de estupefacientes, lo que confirma la magnitud del poder logístico del grupo criminal.