La crisis por metanol en Brasil, iniciada hace semanas, se ha extendido más allá de las bebidas alcohólicas, alcanzando agua y agroquímicos, generando alarma sobre la seguridad de la cadena alimentaria.
El Ministerio de Salud reporta víctimas en aumento, mientras investigaciones policiales descubren un sistema clandestino de producción y distribución ilegal, especialmente activo en Sao Paulo y alrededores.
La Policía Civil paulista confirmó que todas las bebidas adulteradas provienen de una fábrica clandestina en São Bernardo do Campo, dirigida por una familia, con Vanessa Maria da Silva como principal sospechosa.
Seis muertes se han vinculado hasta ahora con las bebidas contaminadas, incluyendo dos directamente de la fábrica de Vanessa, y una persona quedó ciega de manera permanente. San Pablo concentra más del 60% de los casos reportados a nivel nacional.
La Policía descarta la implicación del Primer Comando de la Capital (PCC), aunque investiga si el metanol procede de reservas ilegales de combustibles abandonadas por la organización criminal.
Peritos confirmaron que la contaminación fue intencional, no producto de errores de higienización, con niveles de metanol que oscilan entre el 10% y el 45% en varias botellas.
Investigaciones recientes identificaron a dos distribuidores de combustible sospechosos de proveer etanol adulterado. Uno de los establecimientos ya había sido señalado en investigaciones previas sobre infiltración del PCC en el sector de combustibles.
Operaciones simultáneas de la Policía Federal, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional del Petróleo, llamadas Operación Alquimia, inspeccionaron 24 empresas azucareras en cinco estados para verificar la composición química de sus productos.
En Río de Janeiro, la operación “Bebida segura” incautó ochenta botellas sospechosas de contener metanol, mientras se evalúa la reapertura del Sistema de Control de la Producción de Bebidas (Sicobe) para evitar fraudes y garantizar la trazabilidad.
La Fiscalía y la agencia tributaria brasileña firmaron un acuerdo con el Instituto Combustible Legal (ICL) para custodiar de manera segura el combustible incautado y prevenir su uso en adulteración de bebidas.
Bares en San Pablo han reanudado la venta de alcohol, aunque con una caída del 25% en las ventas, mientras que se investigan posibles casos de contaminación en agua mineral, incluyendo un lote de Garça vinculado a hospitalización por intoxicación.
El PCC ha ampliado su presencia al mercado agroindustrial, infiltrándose en fábricas de etanol y pesticidas falsificados, creando un sistema de nueve núcleos de producción ilegal que pone en riesgo la salud pública y la competitividad agrícola. La Policía Federal reportó un incremento del 348% en incautaciones de agroquímicos ilegales respecto a 2024.
