El Tribunal de Apelación integrado por Gustavo Amarilla Arnica, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni resolvió este viernes confirmar el Acto Interlocutorio N° 43.918 emitido por el juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, que admite la acusación de la Fiscalía contra Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinser.
Ambos permanecen bajo arresto domiciliario en Paraguay tras ser detectados en diciembre de 2024 por agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) con US$ 211.000 sin declarar en el vehículo en el que ingresaban al país por el Puente de la Amistad.
Además del caso en Paraguay, los acusados enfrentan pedidos de extradición por parte de la justicia argentina, lo que añade complejidad al proceso judicial.
La magistrada Claudia Criscioni señaló que la hipótesis acusatoria necesita una fundamentación clara sobre los preceptos jurídicos aplicables. Subrayó que es necesario explicar por qué la Fiscalía y el juzgado consideran que los billetes incautados pueden ser considerados mercaderías, categoría que aplica en negocios de cambio de divisas.
“El tipo objetivo debe estar claramente explicado para que la acusación cumpla con los requisitos formales. Por ello, correspondería revocar el A.I. y realizar una nueva audiencia preliminar”, sostuvo Criscioni en su voto.
Sin embargo, el juez Gustavo Amarilla defendió la validez de la acusación. Aclaró que la nulidad solo procede contra resoluciones judiciales y no frente a actos conclusivos, y que la Fiscalía cumplió con los requisitos del Artículo 347 del Código Procesal Penal en cuanto a relato de hechos y fundamentación de la acusación.
Amarilla reconoció que no se detalló exhaustivamente cómo los medios de prueba se vinculan con la teoría del delito, pero destacó que la Fiscalía describió correctamente la presunta acción de los acusados en la sospecha de contrabando doloso.
Según el magistrado, no existen argumentos suficientes para modificar la acusación ni para revocar la decisión del juez de garantías que admitió la causa, por lo que decidió rechazar el incidente de nulidad.
La jueza Silvana Luraghi coincidió con la postura de Amarilla, consolidando así la decisión por mayoría del tribunal de apelaciones.
De este modo, el tribunal especializado en delitos económicos, crimen organizado y corrupción confirmó el A.I. N°197 del 30 de julio de 2025, emitido por el Juzgado Penal de Garantías N°1.
Además, el tribunal determinó imponer costas a los responsables en el orden causado, reforzando la decisión judicial de mantener la acusación y los efectos legales derivados.
La resolución representa un paso firme en el proceso contra los exfuncionarios y mantiene abiertas las vías judiciales tanto en Paraguay como en Argentina, mientras se desarrolla la investigación sobre el traslado irregular de dinero y la posible comisión de delitos económicos de alto impacto.
Fuente: ABC Color
