El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski anunció el retiro de la controvertida reforma que reducía la autonomía de los organismos anticorrupción y presentó ante el Parlamento un nuevo proyecto de Ley que revierte los cambios aprobados esta semana.
La medida llega tras intensas protestas ciudadanas y advertencias de aliados internacionales, incluida la Unión Europea, Reino Unido y Alemania, que exigían garantías institucionales y alertaban sobre el impacto en la entrega de ayuda y aspiraciones europeas.
Zelenski sostuvo conversaciones con líderes como el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz, quienes ofrecieron asistencia técnica para la contrarreforma.
Las agencias NABU y SAPO, cuyos poderes fueron restringidos por la legislación anterior, respaldaron el nuevo borrador y celebraron su presentación.
El nuevo proyecto incluye garantías explícitas de independencia y establece pruebas de poligrafía para empleados vinculados a Rusia, buscando responder a las denuncias sobre supuesta infiltración.
La controversia explotó después de que miles de ucranianos salieron a las calles en Kiev, Odesa y Lviv en las mayores protestas internas desde la invasión rusa en 2022.
Activistas y organizaciones como Transparency International Ucrania calificaron la ley original como un grave retroceso democrático que socavaba el avance anticorrupción logrado tras el Maidán.
En su discurso, Zelenski justificó el cambio inicial citando amenazas rusas dentro de estas agencias y argumentó la urgencia de garantizar la eficacia en los procesos judiciales.
No obstante, el presidente reconoció que la reacción ciudadana fue legítima y prometió actuar escuchando a la sociedad civil para restaurar la confianza institucional.
El presidente del Parlamento confirma que la Cámara discutirá el proyecto el 31 de julio, pese al receso de verano que podría retrasar su aprobación.
La reversión legal también responde a la presión de los aliados occidentales, destacando que el acceso a ayuda internacional y avances en la adhesión a la Unión Europea dependen de un sistema judicial creíble y transparente.
