Este martes, víctimas de la llamada “mafia de los pagarés” se movilizaron por las calles de Asunción para visibilizar la demora en el tratamiento del proyecto de Ley que busca protegerlos del esquema de estafa y usura.
La protesta surge tras constatar que, a pesar de la expectativa, la iniciativa no figura en el orden del día de la Cámara de Diputados, generando indignación entre los afectados.
Según datos de la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés, la mayoría de las víctimas son mujeres, docentes y ciudadanos provenientes del interior del país, lo que evidencia el alcance social del problema.
Pedro Coronel, coordinador de las víctimas, advirtió que instalarán carpas frente a los domicilios de los parlamentarios tanto en la capital como en el interior, en caso de que no se trate el proyecto antes del receso legislativo.
La medida busca mostrar a los legisladores la gravedad de la situación, combinando presión política con una acción de supervivencia, ya que muchos de los afectados aseguran encontrarse sin recursos básicos para la alimentación.
El proyecto de ley de emergencia judicial fue aprobado por unanimidad en el Senado en septiembre, pero aún no ha recibido tratamiento en Diputados, un paso que consideran fundamental para proteger a las víctimas.
Los manifestantes lamentaron que la agenda parlamentaria parezca priorizar las vacaciones de los legisladores por encima de la resolución de un problema social urgente, lo que consideran una muestra de desinterés político.
“El proyecto necesita sanción inmediata para que se proteja a la gran mayoría de las víctimas. Hoy nuevamente no aparece en el orden del día, y eso nos indigna profundamente”, expresó una de las afectadas durante la marcha.
Las víctimas alertan que de mantenerse la inacción legislativa, aplicarán una estrategia de presión continua con presencia diaria frente a los domicilios de los diputados, para visibilizar el abandono institucional.
Además, advirtieron sobre un posible “voto castigo” en las elecciones de 2026, señalando que el 77% de los afectados pertenece al Partido Colorado, y que no respaldarán a quienes no respondan a sus demandas.
Coronel enfatizó que los cargos públicos deben servir al pueblo y garantizar la justicia, en lugar de perseguir beneficios personales, subrayando que la falta de acción legislativa contribuye a perpetuar prácticas corruptas como las de la mafia de los pagarés.
La movilización se mantiene como una señal de alerta al Congreso, mientras los afectados buscan acelerar la aprobación de la ley que consideran vital para recuperar su seguridad financiera y justicia frente a un esquema de estafa que los ha dejado en situación de vulnerabilidad.
