La muerte de un niño de apenas dos años en el Hospital General de Encarnación volvió a poner en el centro de la discusión las limitaciones del sistema público de salud. El pequeño padecía una forma grave de epilepsia y su cuadro se agravó tras no poder acceder a una medicación específica y de alto costo, según informó Telefuturo.
De acuerdo con el reporte, la familia había iniciado meses atrás un amparo constitucional ante la falta de respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de obtener los fármacos necesarios para un tratamiento continuo y de alta complejidad. Sin embargo, la acción judicial fue rechazada.
La enfermedad del niño requería una medicación especializada administrada de manera constante, condición indispensable para evitar crisis severas. La negativa al amparo impidió la provisión del tratamiento, lo que derivó en un progresivo deterioro de su estado de salud.
Finalmente, el paciente pediátrico falleció como consecuencia de un cuadro clínico grave, en un contexto en el que el acceso oportuno al tratamiento podría haber cambiado el desenlace. El caso generó conmoción y cuestionamientos sobre los mecanismos de protección del derecho a la salud.
La neuróloga Cinthya Florentín explicó en declaraciones a Telefuturo que este no es un hecho aislado. Señaló que existen al menos otros 12 pacientes en situación similar que no logran acceder a los medicamentos necesarios para controlar la epilepsia.
Según la especialista, varios de estos pacientes —incluidos al menos dos niños— sufren convulsiones recurrentes y requieren el mismo tipo de tratamiento especializado. En estos casos, los amparos constitucionales también habrían sido rechazados, sin que se expusieran fundamentos claros.
Florentín advirtió que la epilepsia es una condición mucho más extendida de lo que se percibe. Estimaciones indican que unas 70.000 personas padecen esta enfermedad en el país, muchas de ellas sin garantías suficientes para sostener sus tratamientos dentro del sistema público.
En 2024, el Estado promulgó una Guía Nacional para el abordaje integral de la epilepsia, elaborada junto al Ministerio de Salud. No obstante, su aplicación enfrenta obstáculos concretos, especialmente en lo referido a la provisión continua de medicamentos.
“Tenemos dificultades incluso en lo más básico, como asegurar el acceso ininterrumpido a los fármacos anticonvulsivantes, que son esenciales para el control de la enfermedad”, señaló la neuróloga.
La especialista explicó que alrededor del 70% de los pacientes con epilepsia puede mantener la enfermedad controlada únicamente con medicación adecuada y constante, lo que subraya la importancia de garantizar estos tratamientos.
En los casos más complejos, como el del niño fallecido, existen alternativas terapéuticas avanzadas que requieren mayor inversión y coordinación del sistema de salud. “La ciencia hoy ofrece opciones, pero si no llegamos a tiempo, esas posibilidades se pierden”, lamentó Florentín.
El fallecimiento del menor deja al descubierto una tensión persistente entre el marco legal, las decisiones administrativas y el derecho efectivo a la salud. Sin atribuir responsabilidades judiciales, el caso interpela al Estado sobre la urgencia de revisar los mecanismos que definen quién accede —y quién no— a tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Fuente: Últim Hora
