La Rada Suprema de Ucrania aprobó este miércoles, por una amplia mayoría, las renuncias presentadas por los ministros de Justicia y Energía, Herman Galushchenko y Svitlana Grinchuk. Ambos quedaron bajo sospecha por su presunta participación en una trama de sobornos destapada por los organismos anticorrupción.
Las autoridades investigan una red que habría aprovechado la coyuntura de guerra para cobrar comisiones ilegales a contratistas de Energoatom, la compañía estatal responsable del sector nuclear ucraniano.
Según los responsables de la investigación, Galushchenko habría sido parte de ese esquema cuando aún ocupaba la cartera de Energía, antes de ser trasladado al Ministerio de Justicia en julio pasado.
En ese mismo movimiento político se designó como ministra de Energía a Svitlana Mindich, quien también se vio salpicada por las acusaciones y presentó su renuncia días atrás, presionada por la magnitud del escándalo.
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) considera que la trama operó en distintos niveles del Gobierno y que contó con la participación de altos funcionarios, lo que ha generado fuertes cuestionamientos a la gestión política en tiempos de conflicto armado.
La NABU anunció el martes la primera imputación formal: Oleksí Chernishov, exministro de Unidad Nacional, quien según los investigadores, integró la red que operaba con contratos y sobornos ligados a la energía nuclear.
Las filtraciones vinculadas a la investigación han provocado inquietud en el círculo cercano del presidente Volodímir Zelenski, debido a la mencionada aparición de otros nombres de peso en las grabaciones interceptadas.
Entre ellos se señala al actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, exministro de Defensa, quien habría sido mencionado en audios analizados por los investigadores, aunque por el momento no existe una acusación formal contra él.
También trascendió el nombre de Andrí Yermak, jefe de la oficina presidencial y uno de los colaboradores más estrechos de Zelenski, cuya supuesta aparición en las grabaciones ha generado una fuerte tensión política.
La prensa local ha seguido con atención estos movimientos. El diario Ukrainska Pravda publicó que varios asesores del más alto nivel estarían exigiendo al presidente que remueva a Yermak para evitar una profundización de la crisis.
La magnitud del escándalo representa el mayor golpe político para Zelenski desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, poniendo a prueba la estabilidad interna del Gobierno y su discurso anticorrupción ante la comunidad internacional.
Mientras tanto, la NABU continúa con las diligencias judiciales y recaba más pruebas, en un proceso que podría derivar en nuevas imputaciones o renuncias, y que mantiene en suspenso a la dirigencia política ucraniana.
