El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó dejar “sin efecto” la acusación fiscal contra la líder política Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, tras determinar que el caso carece de sustento jurídico.
La resolución declara fundada la demanda presentada por la defensa de Fujimori, conocida como el “caso cócteles”, y dispone que se archive el proceso que investigaba presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de 2011 y 2016.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, solicitó que se anularan todas las resoluciones judiciales vinculadas al caso, incluyendo los actos previos iniciados en 2017, por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica.
Loza argumentó que, antes de noviembre de 2016, recibir dinero para financiar una campaña política no se consideraba delito de lavado de activos, y que la Fiscalía incorporó pruebas posteriores “sin respetar el derecho a la defensa” de su cliente.
El TC, con el voto de cinco de sus siete integrantes, resolvió el 2 de octubre que la demanda era procedente, instruyendo al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a resolver “en el más breve término” la situación jurídica de Fujimori.
La resolución aclaró que no se declara la inocencia ni culpabilidad de la líder política, sino la inviabilidad de continuar un proceso “carente de sustento jurídico” y contrario a la Constitución.
Sin embargo, la presidenta del TC, Luz Pacheco, presentó un voto singular señalando que la decisión no debía implicar un juicio sobre la calificación penal de la conducta de Fujimori.
El “caso cócteles” se originó por la presunta financiación irregular de las campañas de Fujimori con aportes de empresas privadas, explicados por la defensa como recaudaciones en eventos denominados ‘cócteles’.
Entre los supuestos aportantes irregulares figuraban la empresa brasileña Odebrecht y conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a calificar la estructura de Fuerza Popular como “organización criminal” y a plantear incluso su disolución.
En julio de 2024, el equipo fiscal del caso Lava Jato amplió la solicitud de prisión para Fujimori a 35 años, tras la anulación del juicio oral en abril, devolviendo el proceso a la etapa previa de acusación.
La nueva acusación se presentó cumpliendo otra resolución del TC emitida en 2023 y tras la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de declarar infundada la apelación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
Además de ordenar la presentación de la nueva acusación ajustada a procedimiento, el TC señaló que existían vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral iniciado en julio de 2024, marcando un punto de inflexión en uno de los casos políticos más emblemáticos de Perú.
