Este jueves 6 de febrero, las calles de Lima y Callao serán escenario de un paro nacional convocado por transportistas y empresarios en respuesta al creciente nivel de criminalidad y extorsión que afecta a estos sectores y a la sociedad en general. La manifestación, liderada por la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), ha generado gran expectativa y muestra de descontento hacia las autoridades del gobierno de Dina Boluarte.
Martín Valeriano, representante de Anitra, expresó que la protesta tiene como objetivo principal exigir medidas más efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte y de la ciudadanía. De acuerdo con Valeriano, la administración de Boluarte no ha logrado dar una respuesta eficaz ante el auge de la criminalidad, que se ha manifestado en asesinatos, extorsiones y delitos violentos que afectan a todo el país, especialmente a las zonas urbanas más vulnerables.
En un comunicado a través de la red social X, la Alianza Empresarial de Transporte Terrestre del Perú se sumó a la convocatoria, detallando que, además de exigir una mayor seguridad, se pide la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien ha sido cuestionado por su fracaso en implementar estrategias eficaces para frenar el avance de la violencia en las calles. Valeriano fue enfático al señalar que la situación se ha deteriorado a pesar de los estados de emergencia decretados por el gobierno, los cuales no han logrado frenar la ola de criminalidad.
La grave situación en el país ha dejado huellas visibles en las estadísticas. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025, se han reportado 196 homicidios, con 61 muertes en Lima, 29 en La Libertad y 22 en el Callao, lo que refleja la magnitud de la crisis de inseguridad. Este panorama ha generado un malestar generalizado entre sectores como el transporte y el comercio, quienes sienten que sus vidas y trabajos están constantemente amenazados.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra también ha decidido unirse a la protesta. Este gremio ha denunciado el impacto negativo de la extorsión, los secuestros y el sicariato en sus negocios, tanto grandes como pequeños, especialmente en el centro comercial de Gamarra, que ha alcanzado niveles de inseguridad inaceptables.
Los organizadores de la protesta han anunciado que los puntos de concentración serán el Cono Norte, en el paradero Flecha; el Cono Este, en el óvalo Santa Anita; y la Plaza San Martín como lugar de encuentro central para las movilizaciones. Se espera que la manifestación sea masiva y que tenga un fuerte impacto en el tráfico y la vida diaria de la capital peruana.
El paro no solo es una respuesta a la violencia y extorsión, sino también un grito de desesperación por parte de aquellos que han visto cómo su seguridad y sustento se ven amenazados por la criminalidad que sigue creciendo sin control. Los empresarios y transportistas coinciden en que el gobierno debe actuar con urgencia y aplicar políticas más contundentes que protejan la vida y los bienes de los ciudadanos.
Aunque el gobierno de Dina Boluarte ha tomado medidas como los estados de emergencia y el despliegue de las fuerzas del orden, las protestas reflejan una creciente percepción de que estas acciones no son suficientes para frenar la violencia. Los manifestantes demandan una respuesta más efectiva, que no se quede solo en medidas temporales o reactivas, sino que se establezca una estrategia de largo plazo que garantice el respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos.
A medida que se acerca el día del paro, las autoridades han comenzado a tomar precauciones para evitar altercados y garantizar que la protesta se desarrolle de manera pacífica. Sin embargo, el creciente descontento social y la presión de los diferentes sectores económicos sugieren que este evento podría ser solo el comienzo de un movimiento más amplio que exige cambios reales en la política de seguridad del país.
