La Fiscalía de Ecuador confirmó este martes que los cuatro cuerpos hallados incinerados la semana pasada en Taura, provincia de Guayas, corresponden a los menores Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo. Los menores habían sido reportados como desaparecidos desde el 8 de diciembre, cuando fueron trasladados en una patrulla militar durante un operativo.
Tras realizar pruebas de ADN, los forenses lograron identificar los cuerpos, lo que confirmó las peores sospechas de la familia y la sociedad ecuatoriana. La fiscalía reveló la información a través de un mensaje en la red social X, donde indicaron que el caso involucró a tres adolescentes y un niño.
La noticia causó una profunda consternación en el país. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, calificó el hecho como “inaceptable” y expresó su dolor por la tragedia que enluta a la nación. A través de sus redes sociales, la funcionaria hizo un llamado a la solidaridad y a la exigencia de justicia, destacando la necesidad de que nunca más se repitan estos actos.
Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también reaccionó indignado ante lo sucedido. En su cuenta de X, el mandatario local declaró que la tragedia había marcado un “toque de fondo” en el país, asegurando que los responsables, directos o indirectos, deberían enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Mientras tanto, la Fiscalía ha avanzado en la investigación. El pasado lunes, un juez dictó prisión preventiva contra 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), acusados de estar involucrados en la desaparición forzada de los menores. La medida se tomó con base en los testimonios de los familiares, informes periciales, y evidencia recopilada durante el operativo.
El caso se complicó aún más cuando la jueza Tanya Loor aceptó un recurso de habeas corpus presentado por los familiares de los desaparecidos. La jueza declaró la desaparición forzada de los menores, citando que los militares no siguieron los protocolos establecidos y no solicitaron la colaboración de la Policía Nacional en el operativo.
El 25 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, manifestó que no se encubrió a los responsables. En su declaración, Loffredo expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el compromiso del gobierno por esclarecer los hechos. Además, dispuso que se lleven a cabo sanciones internas en la Fuerza Aérea si se identifican responsabilidades.
En medio de las tensiones, las autoridades militares también han reaccionado. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, calificó el incidente como un “accidente”, pero afirmó que la justicia deberá determinar las responsabilidades. Aseguró que el caso se investigará desde el ámbito administrativo-disciplinario.
Este caso ha generado un sinfín de reacciones dentro de la sociedad ecuatoriana. Políticos, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han expresado su repudio ante los hechos, exigiendo justicia y una aclaración sobre el papel de los militares en esta tragedia, que ha dejado una marca indeleble en el país.
