El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó este martes la liberación del periodista Joan Camargo, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido en la capital, Caracas.
Según el gremio, Camargo fue “interceptado por personas vestidas de negro” y estuvo privado de libertad durante más de 100 horas, un hecho que el sindicato calificó como “desaparición forzosa”.
“Exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de este caso”, expresó el SNTP en un comunicado, subrayando la gravedad del hecho en un contexto de creciente vulnerabilidad para los periodistas en el país.
Horas antes de su liberación, María Rodríguez, madre del periodista, había solicitado públicamente ayuda a las autoridades para conocer el paradero de su hijo, asegurando que estaba “inocentemente recluido en algún lugar”.
La familia de Camargo había presentado un recurso de habeas corpus el pasado domingo ante la Justicia venezolana, en un intento por obtener información oficial sobre la ubicación y situación del periodista.
Hasta el momento, ni el régimen venezolano ni la Fiscalía se han pronunciado públicamente sobre el caso, lo que aumenta la preocupación de organismos de derechos humanos y medios de comunicación.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre el incremento de detenciones sin información pública suficiente en el país, calificando la situación como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada”.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que ejercer el periodismo en Venezuela continúa siendo una actividad con riesgos, reiterando su llamado a sancionar a los responsables y garantizar que estos episodios no se repitan.
En otro hecho similar, cuatro cineastas venezolanos —Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández— fueron liberados tras haber sido detenidos de manera “arbitraria” desde el viernes pasado, según informó la ONG Provea.
El grupo, que realizaba grabaciones con fines académicos cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, estuvo desaparecido temporalmente, lo que generó alarma entre organizaciones y familiares.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, advirtió que este tipo de detenciones “sienta un grave precedente” para estudiantes y productores audiovisuales, afectando su libertad para contar historias y reflejar la realidad del país.
