El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó este miércoles a siete personas por difundir desinformación y promover ataques vinculados a una organización golpista surgida tras las elecciones presidenciales de 2022.
La decisión, adoptada por la Primera Sala con cuatro votos a favor y uno en contra, incluye a cinco militares Ailton Barros, Ángelo Denicoli, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida y Reginaldo Vieira de Abreu—, al policía federal Marcelo Bormevet y a Carlos Cesar Rocha, presidente del Instituto Voto Legal.
Ángelo Denicoli recibió la condena más severa: 17 años de prisión y multa, mientras que Reginaldo Abreu fue sentenciado a 15 años y seis meses. Marcelo Bormevet recibió 14 años y medio, además de perder su cargo; Giancarlo Rodrigues, 14 años; Ailton Barros y Guilherme Almeida, 13 años y medio cada uno; y Carlos Cesar Rocha, siete años y medio y multa.
Según el tribunal, los condenados crearon y difundieron información falsa sobre el sistema electoral y coordinaron campañas para presionar a las Fuerzas Armadas a alterar los resultados de las elecciones, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Jair Bolsonaro.
La sentencia detalla la existencia de una estructura paralela de inteligencia que difundía contenidos falsos y hostigaba a figuras que se oponían al intervencionismo militar, usando manipulación de informes y medios digitales para desestabilizar la transición democrática.
También se documentaron mensajes que instruían ataques verbales y campañas coordinadas para desacreditar las urnas electrónicas y la labor de los jueces electorales. En un caso específico, Ailton Barros recibió instrucciones directas del general Braga Netto para hostigar a opositores, incluso a familiares.
Los implicados intentaron alterar reportes oficiales del Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas y coordinaron acciones para manipular la percepción ciudadana, generando un clima de desconfianza que complicó la aceptación del resultado de la segunda vuelta y el traspaso de poder.
El STF aclaró que no era necesario que los condenados participaran físicamente en los disturbios del 8 de enero de 2023 para ser responsabilizados; su papel instigador y en la fase preparatoria fue suficiente para la condena.
El único voto en disidencia fue del juez Luiz Fux, quien consideró que no había pruebas materiales directas para sostener la condena. La decisión, sin embargo, se basó en abundantes registros documentales recopilados durante la investigación judicial.
El tribunal destacó que la participación activa de los acusados propagó sospechas infundadas sobre el proceso electoral y contribuyó a un ambiente que facilitó la movilización masiva contra la asunción del presidente electo.
Fuente: Infobae
